Más de 150 organizaciones civiles, académicos y actores políticos hicieron un llamado este jueves para aplazar la elección judicial de 2027 y rediseñar su modelo actual. A través de una carta dirigida a las autoridades legislativas y electorales, los firmantes señalaron que el diseño vigente presenta fallas estructurales detectadas tras la primera jornada de votación realizada en junio de 2025.
El posicionamiento advierte que realizar la elección de juzgadores de manera simultánea con los comicios ordinarios de 2027, donde se renovarán cargos legislativos y ejecutivos, vulnera la independencia del Poder Judicial. «La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad», subrayaron en el documento.
Fallas detectadas y riesgos partidistas
De acuerdo con el bloque de organizaciones, la experiencia de 2025 reveló problemas operativos críticos, tales como la complejidad de las boletas, información insuficiente para los votantes y la falta de filtros técnicos rigurosos para las candidaturas. Alertaron que la coincidencia con procesos políticos federales podría introducir dinámicas clientelares o partidistas en la selección de jueces.
Incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) coincidió en que la concurrencia de ambos procesos en todo el país incrementa el riesgo de influencias externas, recomendando ajustes previos a la jornada de 2027 para evitar la concentración de demasiados cargos en una sola elección.
Propuestas de rediseño técnico
Los especialistas cuestionaron el esquema de evaluación actual, el cual se divide en tres comités (uno por cada Poder del Estado). Argumentaron que esta fragmentación genera falta de estándares homogéneos y una percepción de sesgo político. Ante ello, las propuestas de las organizaciones incluyen:
- Elevar los requisitos técnicos y la experiencia mínima para los aspirantes.
- Homologar los mecanismos de evaluación mediante criterios técnicos unificados.
- Simplificar las boletas para hacer el proceso más manejable para el electorado.
Los firmantes insistieron en que la prórroga de la segunda etapa de la reforma permitiría corregir estas deficiencias sin abandonar el modelo de voto popular, asegurando mejores condiciones de implementación para los cargos federales y locales restantes.
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