El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no acompañó la resolución aprobada este viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual exige al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la liberación incondicional de presos políticos y la celebración de elecciones libres.
Mediante un comunicado, la Cancillería mexicana explicó su rechazo a las referencias del documento «que vinculan la situación política y de derechos humanos con riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica». La posición fue fundamentada en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política, referente a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
Argumentos de la representación mexicana
Durante la reunión extraordinaria celebrada en Washington, el representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, señaló que ampliar la categoría de amenaza a temas políticos e internos «es una acción que México no puede acompañar, ya que ello podría abrir la puerta a la adopción de medidas que excedan los mecanismos pacíficos y diplomáticos previstos para su atención».
A pesar de la postura de la delegación mexicana, el texto de la OEA fue aprobado por unanimidad. La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, en una sesión a la que asistieron únicamente siete cancilleres de los 34 Estados miembros: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, mientras que el resto de los países envió delegados.
Alcances del acuerdo del organismo regional
La resolución de la OEA demanda al gobierno nicaragüense restablecer la separación de poderes, informar la ubicación de personas desaparecidas y restituir la nacionalidad a quienes les fue retirada. Asimismo, contempla la creación de un grupo ministerial de seguimiento que dialogará con autoridades y oposición para presentar un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días, sin incluir sanciones directas.
Las acciones del organismo hemisférico responden a las declaraciones de Daniel Ortega del pasado 19 de julio, cuando anunció el fin de los procesos electorales en el país centroamericano, seguido de una reforma constitucional para prohibir la participación política de personas calificadas como «traidores a la patria».
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