El estado de Sinaloa reportó un incremento en la incidencia delictiva con un total de 10 homicidios dolosos el pasado jueves 30 de abril. Esta cifra representa un repunte significativo en comparación con los registros de los días previos, cuando la entidad mantenía un promedio de dos a tres casos diarios, según los datos proporcionados por el Gobierno de México.
Entre las víctimas de la jornada se encuentra Homar Salas Gastélum, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Ayuntamiento (STASAC), quien falleció tras un ataque armado. Cabe señalar que el dirigente ya había sido blanco de una agresión el pasado 18 de febrero, cuando civiles dispararon contra su domicilio durante el proceso de su candidatura sindical.
Contexto de seguridad y estadística nacional
El aumento de la violencia en el estado coincide con la difusión de una investigación formal abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La tendencia al alza en la entidad impactó la estadística nacional, elevando el total de fallecidos en el país a 50 homicidios el pasado jueves, situando a Sinaloa a la cabeza de este indicador.
En contraste con los hechos recientes, del 26 al 28 de marzo la entidad había registrado solo tres incidencias, mientras que el miércoles 29 de abril la cifra fue de dos homicidios dolosos.
Investigación contra Rubén Rocha Moya
Las autoridades estadounidenses vinculan al mandatario estatal con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, el gobernador enfrentaría posibles cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos.
Tras revelarse que el funcionario se quedó sin visa estadounidense, según reportes de Los Angeles Times, Rocha Moya calificó las acusaciones como una «calumnia» y un ataque contra el movimiento político que representa. De ser hallado culpable en el país vecino, el mandatario podría enfrentar una pena de cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión.
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