La Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso de adecuaciones administrativas para acatar el “Plan B” y ajustar los salarios y prestaciones de funcionarios del organismo.
De acuerdo con el mandato constitucional, la modificación de ley en materia electoral señala que ningún funcionario puede ganar más que el salario del titular de la Presidencia de la República ni tener prestaciones extra como seguro de gastos médicos mayores, otro tipo de seguros y bonos, por lo que en sesión extraordinaria, la consejera Guadalupe Taddei destacó que el INE, como autoridad del Estado mexicano da cumplimiento íntegro al mandato constitucional desde su ámbito de autonomía e independencia técnica.
«El mensaje que el INE envía hoy a la ciudadanía es uno solo, y es inequívoco: el INE cumple con el mandato constitucional. El INE es una autoridad del Estado mexicano y su fuerza institucional deriva de su autonomía, teniendo como marco el orden constitucional», afirmó la titular del árbitro electoral.
Asímismo, Taddei Zavala remarcó que «la autonomía no significa apartarse de la Constitución; por el contrario, significa cumplirla desde el ámbito propio de competencias, con independencia técnica, con responsabilidad administrativa y con apego a los principios que rigen la función electoral”.
En ese sentido, durante la sesión de este lunes se informó que la Junta General Ejecutiva presentará en un plazo de 30 días naturales la propuesta de adecuación a los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, así como los manuales de remuneraciones y de normas administrativas en materia de recursos humanos.
Estos elementos, que comprenden los tabuladores, los Manuales de Remuneraciones y de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos, servirán de base técnica para la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto para el ejercicio del 2027 cuidando que los insumos referidos cumplan con lo establecido en la reforma del artículo 134 y su párrafo cuarto transitorio de la Constitución Política Mexicana.
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