Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, presentó dos escritos ante la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, con el objetivo de solicitar la revisión de su sentencia, su liberación o la eventual deportación a México. Los documentos fueron ingresados como parte de su estrategia legal contra las condiciones de su encarcelamiento en Estados Unidos.
En las cartas fechadas el 10 y 11 de junio, elaboradas en inglés desde la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, el sentenciado argumenta la existencia de irregularidades operativas durante su proceso penal. Guzmán Loera sostiene que se intimidó al jurado que lo encontró culpable de múltiples cargos por narcotráfico, lo que fundamentaría jurídicamente la declaratoria de un «juicio nulo».
El texto presentado ante las autoridades jurisdiccionales estadunidenses califica su actual régimen de privación de la libertad como un «cruel castigo». En su petición jurisdiccional, señala explícitamente: «estoy escribiendo por la injusticia y violaciones a la justicia por mi juicio nulo», requiriendo una revisión exhaustiva sobre las políticas y protocolos probatorios de la corte federal.
Guzmán Loera permanece bajo un régimen de confinamiento solitario ininterrumpido desde que fue extraditado por el gobierno de México en 2017. La actual condena a prisión de por vida fue dictaminada tras un juicio que la defensa legal del procesado ha intentado impugnar en meses recientes a través de diversos recursos argumentativos sobre la supuesta falta de evidencia.
Paralelo a los señalamientos procesales, los escritos denuncian restricciones directas a los derechos de visita de su núcleo familiar. El documento especifica que los reglamentos actuales impiden el ingreso a la prisión ADMAX de su esposa, Emma Coronel, así como de sus dos hijas gemelas, contraviniendo sus prerrogativas como interno.
Finalmente, la petición formal solicita a los oficiales y autoridades correspondientes considerar las normativas estadunidenses que posibilitan la salida de prisión o la modificación de medidas de reclusión por motivos de salud. El recurso jurídico queda a reserva de la evaluación procedimental de los magistrados para determinar su viabilidad.
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