El diputado federal Rubén Moreira Valdez propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación para que transparente y publique en formato de datos abiertos la totalidad de los permisos vigentes otorgados a establecimientos de juegos y apuestas a nivel nacional.
A través de un requerimiento institucional formal, el legislador solicitó que la Dirección General de Juegos y Sorteos detalle el estatus operativo de los Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS), abarcando titulares, modalidades autorizadas y temporalidad de las licencias.
La propuesta legislativa exige precisar por entidad federativa cuáles de estos establecimientos mantienen actividad, cuáles permanecen inactivos y el listado documentado de aquellos que enfrentaron clausura, cancelación o revocación durante los últimos cinco ejercicios fiscales.
El documento también emplaza a la dependencia federal a revelar el padrón de plataformas electrónicas de apuestas operativas, con el objetivo de verificar el cumplimiento estricto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Prevención financiera y mercado digital
El líder parlamentario advirtió que la opacidad sobre el universo real de permisos y operadores de estos centros representa una vulnerabilidad estructural sistemática, la cual podría impactar negativamente en la calificación del Estado mexicano y su reputación.
Esta exigencia de rendición de cuentas ocurre frente a la expansión acelerada del mercado digital. De acuerdo con informes del sector privado, la industria de juegos de apuesta en línea alcanzó un valor cercano a los 970 millones de dólares al cierre de 2025.
Datos de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA) proyectan que este ecosistema digital mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 15 por ciento en el corto plazo.
Frente a esta tendencia mercantil ascendente, el promovente subrayó la urgencia de fortalecer las acciones de supervisión oficial para garantizar la efectividad de los esquemas antilavado y asegurar que las plataformas operen bajo rigor institucional.
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