La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada y una unanimidad de 467 votos, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación faculta formalmente al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, garantizando que el marco jurídico para este delito cuente con una base nacional de tipos penales y sanciones.
El dictamen, que deriva de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, fue remitido de inmediato a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere el aval de la mitad más uno de los congresos locales para que el decreto pueda ser declarado formalmente válido y proceda su promulgación.
Plazos y régimen transitorio
De acuerdo con el régimen transitorio aprobado, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para expedir la legislación reglamentaria referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a). Este periodo obliga al Poder Legislativo Federal a consolidar una norma que articule los esfuerzos de procuración de justicia en todo el territorio nacional.
Mientras se concreta la emisión de la nueva ley general, las disposiciones legales vigentes en la Federación y en las entidades federativas respecto al delito de feminicidio se mantendrán operativas. La transición legal busca evitar vacíos jurídicos durante el proceso de homologación del tipo penal, garantizando la continuidad en los procesos de investigación y sanción actuales.
Objetivos de la homologación penal
La reforma responde a la necesidad de crear un marco jurídico homogéneo que elimine las disparidades técnicas entre los códigos penales estatales. El documento oficial expone que esta medida es fundamental para mejorar el acceso a la justicia y reducir la impunidad, sentando las bases para una coordinación institucional efectiva en beneficio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Asimismo, la iniciativa se alinea con el Eje Transversal 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual establece la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias como prioridades de Estado. Con la facultad legislativa centralizada, se busca que las capacidades del Estado mexicano para prevenir y sancionar el feminicidio no dependan de la interpretación dispar de las legislaciones locales.
Consenso político en San Lázaro
A pesar de que diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas durante la discusión en lo particular, el consenso final se mantuvo en la votación general. Las propuestas de modificación fueron retiradas o desechadas, permitiendo que el proyecto avanzara con el respaldo total de las fuerzas políticas representadas en el Pleno.
Esta medida es considerada por los legisladores como un avance trascendental en el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad. La unificación de criterios jurídicos permitirá contar con parámetros estadísticos y operativos semejantes en todo el país, facilitando la colaboración entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República en el combate a la violencia de género.
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