El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reveló la existencia de una duplicidad normativa dentro del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el cual busca reformar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet.
De acuerdo con el legislador priista, el proyecto de decreto contempla la adición del artículo 232 Septies para fijar las sanciones aplicables a los prestadores de servicios web cuando sus usuarios cometan infracciones, mecanismo derivado de la incorporación del artículo 114 Nonies. No obstante, dichas conductas y penalizaciones ya se encuentran tipificadas en el artículo 232 vigente del mismo ordenamiento legal.
La inconsistencia radica en la unidad de referencia económica utilizada en ambos textos: mientras el artículo 232 vigente calcula las infracciones con base en salarios mínimos, el nuevo artículo 232 Septies pretende establecerlas en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), generando dos marcos regulatorios paralelos para un mismo supuesto jurídico.
Moreira Valdez argumentó que una adecuada técnica legislativa requería únicamente modificar el texto del artículo 232 vigente para actualizar la medición de salarios mínimos a UMAs. La creación de una nueva disposición, sostuvo, deriva en una superposición de normas que compromete la certeza jurídica de la ley.
Previo a detallar la falla técnica, el grupo parlamentario del PRI solicitó a la mayoría de Morena y sus aliados suspender la discusión parlamentaria con el fin de someter el dictamen a la revisión de académicos y especialistas en la materia. Pese a la advertencia hecha desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, la asamblea rechazó frenar el debate.
El señalamiento se da en el contexto de la reforma al artículo 114 Octies y la adición de los artículos 114 Nonies y 232 Septies a la Ley Federal del Derecho de Autor, instrumentos normativos que imponen nuevas obligaciones y responsabilidades legales tanto a usuarios como a las empresas proveedoras de conectividad en el país.
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