La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados presentó el dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, una medida regulatoria impulsada desde el Ejecutivo Federal para cumplir con los compromisos en materia de propiedad intelectual estipulados en el T-MEC.
Al fundamentar el proyecto ante el pleno, la diputada federal Selene Ávila Flores precisó que las modificaciones a los artículos 114 octies, 114 nonies y 232 septies buscan actualizar el marco jurídico del entorno digital. La legisladora subrayó que el ajuste es indispensable para evitar contingencias comerciales con Estados Unidos y Canadá.
La representante enfatizó que la falta de armonización con el Capítulo 20 del T-MEC expondría al país a la apertura de paneles de solución de controversias y a la eventual imposición de aranceles. Bajo este argumento de certidumbre económica, la propuesta busca cerrar brechas legales en el comercio electrónico transfronterizo.
En el aspecto técnico, el dictamen ratifica y delinea el régimen de puerto seguro para los proveedores de servicios de internet. Este mecanismo deslinda a las empresas tecnológicas de una responsabilidad directa por los contenidos transmitidos o alojados por terceros, condicionando dicha protección a la actuación con la diligencia debida.
La reforma precisa que la responsabilidad secundaria de las plataformas operará únicamente cuando exista conocimiento explícito, participación, control y beneficio económico directo derivado de la infracción a los derechos de autor. Asimismo, se obliga a las empresas a transparentar sus políticas de notificación e interrupción de servicio contra infractores reincidentes.
Protección a la libertad de expresión
Ante los señalamientos de sectores críticos sobre presuntos riesgos de censura, el dictamen excluye explícitamente de sanciones a la parodia, la crítica social y la elaboración de memes, siempre que estas expresiones no persigan fines de lucro ni impliquen esquemas de piratería digital.
Con este encuadre, la comisión dictaminadora busca equilibrar las exigencias de fiscalización del tratado internacional con las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión y el acceso a la información en plataformas digitales.
El proyecto pasará al Pleno para su discusión y posterior turnado al Senado de la República, en un contexto marcado por la supervisión de las obligaciones comerciales en Norteamérica.
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