El proceso de renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha entrado en una fase de alta tensión política y jurídica. El diputado Héctor Saúl Téllez denunció formalmente que el acuerdo emitido por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), mediante el cual se integró la lista definitiva de 100 aspirantes (50 mujeres y 50 hombres), es «formalmente inválido y materialmente arbitrario».
La crítica central apunta a que el documento publicado por el Comité —fechado el 13 de abril de 2026— carece de la motivación y fundamentación exigidas por el artículo 16 constitucional. Según el legislador, el CTE se limitó a publicar los nombres y folios de los seleccionados sin transparentar los puntajes individuales obtenidos en la fase de idoneidad, la cual pondera el currículum (40%), la exposición de motivos (30%) y un ensayo (30%).
Cuestionamientos a la legalidad del proceso
La controversia escala al terreno del Estado de Derecho y el acceso a la información. De acuerdo con la denuncia, la ausencia de una tabla comparativa o de los criterios de desempate aplicados genera los siguientes riesgos institucionales:
- Violación al Principio de Máxima Publicidad: Al no publicarse los puntajes, los 269 aspirantes descartados quedan en estado de indefensión, al desconocer el margen técnico por el cual fueron excluidos.
- Arbitrariedad Técnica: Se señala que el Comité revisó expedientes de forma «aleatoria» y promedió calificaciones sin actas de deliberación públicas, lo que el diputado califica como una «selección a dedo» disfrazada de discrecionalidad.
- Precedente para la Reforma Judicial: La oposición vincula esta opacidad con los métodos de selección criticados en la reciente reforma al Poder Judicial, alertando sobre una concentración de poder en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados.
Implicaciones jurídicas ante el TEPJF
El acuerdo, firmado por los integrantes del Comité Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, podría ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Especialistas coinciden en que la falta de justificación en un acto de autoridad es una omisión «letal» que permitiría a los aspirantes con interés legítimo solicitar la nulidad del proceso. «Si los puntajes no se publican, no existen; y si no existen, la lista es una ficción», sentenció Téllez, subrayando que la validez de las próximas autoridades electorales depende directamente de la transparencia con la que sean elegidas.
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