La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció este miércoles que la Casa Blanca ha propuesto aranceles de al menos el 10% a las importaciones procedentes de decenas de sus principales socios comerciales. La medida se plantea tras concluir una investigación oficial sobre la presunta introducción de mercancías fabricadas mediante trabajos forzados.
Gravámenes por países y bloques económicos
De acuerdo con el informe gubernamental, naciones como Canadá, México, Taiwán y el Reino Unido enfrentarían un gravamen adicional del 10%. La sanción económica responde a supuestas fallas en la implementación de prohibiciones locales contra productos vinculados a la explotación laboral. Por otra parte, Washington proyecta aplicar una tasa arancelaria del 12.5% a China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza, además de otras decenas de países.
«El fracaso de algunos de nuestros más importantes comerciales al momento de abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajos forzados es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel global en condiciones desiguales», argumentó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mediante un comunicado. El funcionario federal añadió que cada socio comercial debe actuar para evitar que la actividad mercantil fomente dicha práctica laboral.
Marco legal y vigencia de la medida
La investigación formal se fundamentó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El uso de este recurso jurídico permitiría al presidente Donald Trump evitar las restricciones a las facultades arancelarias dictadas previamente por la Corte Suprema de Estados Unidos. En febrero pasado, el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo excedió su autoridad al emplear la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para fijar aranceles generales.
El documento técnico definió el trabajo forzado como todo «trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente». Las autoridades estadounidenses puntualizaron que las nuevas tarifas impositivas no entrarán en vigor de manera inmediata, ya que el proyecto se encuentra sujeto a una etapa de revisión y recepción de comentarios públicos.
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