La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de reforma electoral conocido como «Plan B», tras calificarlo como una «simulación» que no genera ahorros reales y vulnera el federalismo. Los legisladores, coordinados por Rubén Moreira Valdez, argumentaron que la propuesta debilita el diseño institucional del país y busca distraer la atención de crisis en seguridad, economía y salud.
Durante la Sesión Ordinaria, los diputados Alejandro Domínguez y Erubiel Alonso presentaron mociones suspensivas, señalando que el dictamen omitió la consulta obligatoria a pueblos y comunidades indígenas establecida en la Constitución. Los priistas sostuvieron que la reforma fue construida sin consenso y bajo una narrativa de austeridad que se contradice con las proyecciones de deuda pública para 2027, la cual estiman superior al 54% del PIB.
Cuestionamientos sobre el ahorro real
El diputado Erubiel Alonso detalló que la reducción de regidores propuesta solo afectaría a 61 municipios de los más de 2 mil 480 existentes en el país. Según sus cálculos, la desaparición de dichos cargos representaría un ahorro de apenas el 1%, cifra que consideró insuficiente frente a los problemas nacionales. “Esta reforma no tiene ahorros”, sentenció por su parte el diputado Alejandro Domínguez.
En el mismo sentido, el legislador Emilio Suárez comparó el presupuesto electoral con los sobrecostos de obras federales. Afirmó que el excedente de recursos invertidos en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA, sumado al «huachicol fiscal», alcanza los 1.4 billones de pesos. «Con ese monto se podría financiar el presupuesto del INE durante 93 años«, explicó.
Impacto en el federalismo y contrapesos
La diputada Abigail Arredondo advirtió que la minuta no corrige problemas estructurales como la sobrerrepresentación o la intervención del crimen organizado en los comicios. Asimismo, alertó que la reducción del presupuesto a congresos locales podría permitir incrementos discrecionales, pues solo 12 legislaturas estatales sobrepasan el límite del 0.7% propuesto, de las cuales 11 son de mayoría oficialista.
Por su parte, la diputada Nadia Navarro sostuvo que la reforma pretende que las decisiones estatales y municipales se controlen desde el centro, lo que calificó como un atentado directo al federalismo. La bancada concluyó que no acompañará un dictamen que, a su juicio, erosiona la división de poderes y pone en riesgo la estabilidad democrática de México.
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