Hasta 50 mil autobuses de servicios de transporte operan en la ilegalidad dentro de tramos federales sin contar con la autorización correspondiente, advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Reginaldo Sandoval Flores. La problemática de irregularidad operativa se agrava en el ámbito local y afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.
Durante la inauguración del foro “Transporte Para el Pueblo; Servicio Económico de Pasajeros”, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario detalló que, según estimaciones no oficiales, entre 35 mil y 50 mil unidades prestan servicio al margen de la norma en carreteras de jurisdicción federal. Sandoval Flores explicó que la competencia desleal en corredores metropolitanos y terminales viales responde a la captación de espacios por parte de diversas organizaciones y sindicatos.
El impacto del esquema informal alcanza de manera directa la condición laboral de los conductores. Cerca de 250 mil choferes laboran bajo la modalidad de cuenta diaria, esquema de trabajo que les impide percibir las prestaciones fijadas por la ley. Ante este panorama, el legislador planteó la necesidad de construir un espacio de diálogo que derive en una propuesta para un transporte de pasajeros accesible, seguro y eficiente.
Concentración en terminales y regulación
En el aspecto operativo e institucional, la legislación actual requiere actualizaciones para transparentar la asignación y uso de concesiones, así como la gestión de andenes y el registro de tarifas. Datos expuestos en el encuentro señalan que de las 899 terminales identificadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un total de 820 son controladas por particulares. Esta concentración de infraestructura frena la entrada de nuevos competidores y favorece la consolidación de grandes empresas.
Para modificar estas condiciones de mercado, se propuso autorizar la prestación de servicios mediante unidades de menor capacidad. Esta medida permitiría reducir los costos de operación, diversificar las rutas disponibles para los usuarios y adaptar el servicio a las exigencias actuales de movilidad a nivel nacional.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dará seguimiento a las mesas de trabajo con los actores del sector para estructurar reformas al marco jurídico. Las modificaciones legales proyectadas buscarán ajustar la normativa federal a la realidad de los operadores y de los usuarios que utilizan cotidianamente las redes de transporte del país.
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