La senadora Carolina Viggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, afirmó que Morena consolida un esquema de control institucional mediante la intervención en el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de silenciar los sealamientos de la oposición y eludir la rendición de cuentas sobre la gestión pública federal.
Durante su posicionamiento parlamentario, la legisladora sostuvo que la administración actual recurre de manera sistemática a la confrontación política para evadir la evaluación de sus resultados. Cuestionó que la estructura operativa de los programas sociales sea instrumentada con sesgo partidista y electoral, señalando presuntas opacidades en el manejo de las partidas presupuestales asignadas a la política de desarrollo social.
En ese sentido, Carolina Viggiano Austria hizo referencia a los sealamientos formulados previamente en el ámbito legislativo sobre la gestión de la Secretaría de Bienestar, donde se presumen irregularidades administrativas por un monto de 6 mil millones de pesos. Asimismo, expuso la omisión en la designación de la titularidad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), instancia que mantuvo el ejercicio de recursos públicos por un aproximado de 400 millones de pesos sin contar con nombramiento oficial en su dirección general desde 2018.
Al abordar la conformación del Congreso de la Unión, la senadora priista aseveró que el Instituto Nacional Electoral vulneró su principio de imparcialidad al validar una distribución de escaños que no se corresponde con la votación emitida en las urnas. Detalló que, habiendo obtenido el 54 % de los sufragios, el bloque oficialista accedió al 74 % de la representación parlamentaria, configurando una desproporción en perjuicio del equilibrio democrático.
En materia de política sanitaria, la representante parlamentaria fundamentó la severidad de la crisis del sector público mediante las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Precisó que la privación por acceso a los servicios de salud se incrementó del 16 % en 2018 al 39.1 % en 2022, registrando un indicador de 34.2 % para el año 2024.
Dicha métrica estadística, puntualizó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, se traduce en 44.5 millones de personas marginadas del sistema de salud pública en todo el territorio nacional, situación que demanda la atención prioritaria de la infraestructura hospitalaria y el abastecimiento de insumos médicos.
Finalmente, la senadora demandó al Ejecutivo federal cesar la estrategia propagandística y concentrar las capacidades del Estado en la resolución de las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública, desarrollo de infraestructura y garantías en salud, priorizando el cumplimiento de las obligaciones constitucionales sobre la contienda partidista.
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