La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 377 votos a favor —de Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano— y 102 en contra, el dictamen de reforma constitucional que impone criterios de austeridad y disciplina financiera a las legislaturas locales y organismos electorales. La modificación establece que el presupuesto anual de los Congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa.
La reforma a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales mandata que los ahorros generados por estas reducciones presupuestarias permanezcan en la hacienda pública de cada municipio. Dichos recursos deberán ser etiquetados exclusivamente para obras de infraestructura pública, bajo principios de transparencia y austeridad que serán fiscalizados por las entidades correspondientes.
Ajustes presupuestarios y remuneraciones
El decreto incluye una disposición transitoria que obliga al Senado de la República a aplicar una reducción progresiva de su gasto. El objetivo es alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales en un plazo de cuatro ejercicios fiscales, tomando como base el presupuesto de 2026, sin afectar los derechos laborales adquiridos de los trabajadores.
Asimismo, se prohíbe que consejeros y magistrados de organismos electorales contraten, con recursos públicos, seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones privadas. La normativa especifica que las remuneraciones de los titulares de áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales locales no podrán rebasar el límite establecido en el artículo 127 constitucional.
Estructura municipal y paridad
En materia de gobierno local, se limitó la integración de los ayuntamientos a un máximo de 15 regidurías, garantizando la aplicación de la paridad de género vertical y horizontal. Las planillas deberán alternar hombres y mujeres en sus candidaturas, integrando bloques de competitividad basados en los resultados de la última elección para asegurar una igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público.
Blindaje contra reelección local
La reforma ratifica la prohibición de la reelección de diputados locales para el periodo inmediato posterior, obligando a las legislaturas estatales a armonizar su marco jurídico antes del 30 de mayo de 2026. Cabe destacar que, tras el proceso legislativo en el Senado, se eliminaron las propuestas de modificación al artículo 35, manteniendo vigentes los términos actuales sobre la consulta popular.
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