La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el Gobierno Federal obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional ante el Banco Mundial. El litigio, iniciado en 2020, se derivó de la cancelación de un programa de taxímetros digitales y tabletas obligatorias para conductores de la Ciudad de México, el cual fue suspendido durante la administración local de Sheinbaum por presuntas irregularidades.
La mandataria señaló que el caso tiene su origen en el periodo de Miguel Ángel Mancera y la jefatura de gobierno de José Ramón Amieva. El programa obligaba a los taxistas a adquirir dispositivos electrónicos con costos elevados para sustituir los equipos tradicionales. «Los taxistas se quejaban porque había que pagar un montón de dinero por la tableta y además decían ‘cómo fue que se escogió esa tableta sin consultarnos'», declaró la presidenta durante su conferencia matutina.
Antecedentes y proceso judicial
Tras la llegada de la nueva administración capitalina en 2018, se determinó la cancelación del contrato con las empresas concesionarias al detectar anomalías en el proceso de asignación. Ante esta decisión, los inversionistas, en conjunto con exservidores públicos, interpusieron una demanda alegando violaciones al tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).
El tribunal internacional determinó que la terminación del programa no se realizó fuera del marco legal. Debido al proceso judicial, los detalles del expediente se mantuvieron bajo reserva durante seis años; sin embargo, Sheinbaum adelantó que próximamente se presentará un informe detallado sobre lo que calificó como un «entramado de corrupción» en la adjudicación de dichas concesiones.
Resolución y argumentos técnicos
La defensa de México logró acreditar que el esquema de cobro para los transportistas representaba una carga económica desproporcionada y que existían fallas en la transparencia del modelo de negocio. «Afortunadamente se dieron suficientes argumentos», puntualizó la mandataria al confirmar que ya no existen impedimentos legales para transparentar los datos del juicio.
La resolución del Banco Mundial exime al Estado mexicano de pagar las indemnizaciones millonarias que reclamaban los particulares. Con este fallo, el gobierno busca sentar un precedente sobre la facultad de las autoridades para revisar y revocar contratos públicos cuando se comprueben afectaciones al interés social o actos ilícitos en su origen.
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