La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto para atender los adeudos con los productores de frijol, aunque con modificaciones en el texto original. La propuesta, impulsada por la diputada por Zacatecas Noemí Luna, busca que las autoridades federales y estatales liquiden los pagos pendientes por el acopio del grano conforme al Precio de Garantía 2026.
A pesar del respaldo mayoritario en la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria, la legisladora manifestó su inconformidad debido a que el dictamen final sustituyó el término “garantizar” por “procurar”. Según la diputada, este cambio elimina el carácter obligatorio de la medida y deja el cumplimiento de los pagos a la discrecionalidad del gobierno, lo que podría prolongar la incertidumbre financiera de las familias productoras.
Alcance de la medida y cambios sustanciales
El exhorto original estaba dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a Alimentación para el Bienestar, con el fin de saldar de inmediato los adeudos y regularizar los centros de acopio en el país. Tras las modificaciones realizadas por la mayoría parlamentaria, la resolución se percibe como un avance en la visibilización del problema, pero sin mecanismos firmes de ejecución.
“La propuesta recibió respaldo, sin embargo, el oficialismo alteró el fondo al eliminar su carácter obligatorio”, señaló Luna, quien también funge como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN. La legisladora cuestionó que la medida no obligue a las autoridades a actuar en tiempos definidos, calificando la modificación como un retroceso para el sector agrícola.
Contexto de la crisis en el campo
La iniciativa surgió tras semanas de movilizaciones y protestas en diversas regiones productoras, donde se denunció la falta de pago por el acopio de la cosecha. Los productores han señalado dificultades económicas derivadas de los bajos precios y el retraso en la recepción de sus recursos por parte de las instituciones oficiales.
La diputada advirtió que continuará impulsando acciones legislativas para que los derechos de los productores dependan de políticas públicas obligatorias y no de decisiones discrecionales. El sector campesino se mantiene a la espera de que este llamado resulte en la liberación de los fondos necesarios para estabilizar la economía rural en este ciclo productivo.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.