La Cámara de Diputados someterá a votación el próximo martes la reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México. El diputado Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política de Morena, confirmó que la mayoría parlamentaria tiene como prioridad desahogar esta iniciativa, la cual busca modificar el régimen de descanso semanal de los trabajadores.
La agenda legislativa establece que el lunes 23 de febrero se recibirá al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, para una sesión de trabajo con las Comisiones Unidas de Trabajo y Puntos Constitucionales. Tras este encuentro técnico, el dictamen será turnado de manera inmediata al Pleno para su discusión y eventual aprobación definitiva.
Cronograma de implementación gradual
Pese a la celeridad de su aprobación, el contenido de la reforma estipula una implementación diferida para permitir que las empresas ajusten sus costos operativos. El esquema presentado por Haces Barba detalla que la jornada se reducirá a 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029, hasta alcanzar finalmente el límite de 40 horas en 2030.
Esta gradualidad responde a la necesidad de evitar un choque económico que derive en inflación. Según el legislador, un cambio súbito obligaría a los empleadores a trasladar el costo del pago de horas extras al precio final de los productos. Al escalonar la medida, se busca que el sector empresarial absorba el impacto financiero de manera controlada y sin afectar el bolsillo de los consumidores.
Remuneración y acuerdos laborales
En cuanto a la operatividad de la nueva ley, se precisó que la reducción de horas no implicará una disminución salarial. La reforma establece que el tiempo excedente se pagará bajo un esquema de 12 horas extra al doble de la percepción ordinaria, y cualquier tiempo adicional a ese límite deberá remunerarse al triple, garantizando así la protección del ingreso real del trabajador.
Haces Barba, en su rol de dirigente de la CATEM, aseguró que esta propuesta cuenta con el consenso de diversas centrales obreras y sectores académicos. Destacó que el modelo de transición es similar al utilizado durante la reactivación económica tras la pandemia de 2020, priorizando sectores estratégicos como el automotriz y el minero para asegurar la continuidad de la cadena de suministro nacional.
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