El Congreso de Nuevo León recibió este 19 de febrero una iniciativa ciudadana denominada “Ley Therian”, la cual busca establecer marcos legales para prevenir el acoso y la discriminación contra personas que se identifican con identidades animales. El documento fue entregado formalmente en la Oficialía de Partes para su posterior revisión y turno a comisiones legislativas.
La propuesta fue promovida por el abogado Mauricio Castillo, quien acudió a la sede legislativa acompañado de un ciudadano integrante de la comunidad Therian. El objetivo central es la creación de protocolos de convivencia obligatorios en planteles educativos, tanto públicos como privados, para garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes involucrados.
El planteamiento técnico sugiere la instauración de programas internos y observatorios ciudadanos dentro de las instituciones escolares. Según Castillo, estas medidas permitirían a los docentes contar con herramientas claras de actuación ante casos de acoso escolar vinculados a este tipo de expresiones culturales o identitarias, evitando daños a terceros.
Responsabilidad administrativa y sanciones
Uno de los ejes rectores de la iniciativa es la fijación de sanciones para personal docente y directivo que incumpla con sus obligaciones de supervisión. La propuesta busca que las autoridades educativas sean sujetas a procesos administrativos en caso de permitir o ignorar agresiones y bullying dentro de las aulas por motivos de expresión de identidad.
Por su parte, el ciudadano Luis, quien se identifica como parte de este grupo social, señaló que en la entidad existen al menos 100 personas que comparten esta identidad y que enfrentan estigmatización constante. Explicó que la búsqueda de este marco legal responde a una necesidad de dignificación frente a la discriminación que perciben en diversos sectores de la sociedad.
Tras la recepción formal del documento, el órgano legislativo deberá determinar la viabilidad jurídica de la propuesta dentro del actual marco de la Ley de Educación del Estado. De avanzar en el proceso parlamentario, Nuevo León sentaría un precedente en la regulación de protocolos de seguridad escolar para grupos con identidades emergentes.
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