El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a una red de fraude de tiempo compartido operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta actividad delictiva ha generado pérdidas de cientos de millones de dólares a las víctimas durante décadas, consolidándose como una fuente de ingresos para organizaciones criminales mediante engaños a turistas y propietarios.
El esquema afecta tanto a compradores de paquetes vacacionales como a dueños que buscan vender su propiedad. Según los reportes, las víctimas pierden miles de pesos tras firmar contratos bajo coacción o realizar transferencias para supuestos trámites administrativos que no se concretan. Las autoridades señalan que estas operaciones se concentran en destinos de playa, donde se captan clientes mediante promociones y visitas gratuitas a complejos turísticos.
Mecanismos de operación y estafa
El proceso inicia con invitaciones a conocer resorts, seguidas de ofertas de financiamiento exclusivo y presión para concretar la firma el mismo día. Aunque la normativa mexicana permite periodos de cancelación, los contratos suelen incluir cláusulas que dificultan la rescisión legal.
Otra modalidad detectada consiste en contactar a propietarios con ofertas de compra atractivas. Los delincuentes utilizan documentación falsa, contratos y portales web para aparentar legalidad, exigiendo pagos anticipados por conceptos de impuestos o certificados fiscales. Una vez realizada la transferencia, los intermediarios interrumpen la comunicación y la venta no se realiza.
Intervención de autoridades y denuncias
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) funciona como mediadora en disputas de contratos legítimos, pero su capacidad se limita a la conciliación. En casos donde el contrato es falso o inexistente, la Profeco no tiene facultades para intervenir, por lo que el afectado debe presentar una denuncia ante la fiscalía estatal correspondiente.
Asimismo, se han identificado fraudes secundarios donde supuestos funcionarios prometen recuperar el capital perdido a cambio de nuevos pagos. Las autoridades advierten que, sin una denuncia penal, es imposible iniciar investigaciones o procesos de recuperación de activos.
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