La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este jueves la aprobación en el Senado de la República de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la medida no estará acompañada de apoyos fiscales o contraprestaciones económicas para el sector privado, pues el diseño de la implementación gradual funge, en sí mismo, como el mecanismo de adaptación para las empresas.
Al referirse al dictamen avalado por mayoría calificada —121 votos en lo general y 103 a favor en lo particular—, Sheinbaum Pardo sostuvo que el calendario establecido permite a los sectores productivos reorganizar sus esquemas operativos sin generar desequilibrios financieros. El plan contempla mantener las 48 horas en 2026, bajar a 46 en 2027 y continuar el descenso bianual hasta consolidar el nuevo límite legal en el año 2030.
Acuerdo tripartita y flexibilidad
La titular del Ejecutivo destacó que la reforma, enviada ahora a la Cámara de Diputados, no fue una imposición unilateral, sino producto de una mesa de trabajo permanente instalada desde mayo de 2025. «Todo mundo estuvo de acuerdo, se trabajó muchísimo», afirmó, subrayando que tanto los sindicatos como las cúpulas empresariales validaron la gradualidad como la vía para proteger el empleo formal.
En cuanto a la operatividad técnica, la Presidenta reconoció las diferencias entre industrias. Citó el caso del sector automotriz, que maneja turnos extendidos compensados con periodos largos de descanso, y contrastó esto con el sector público, donde muchas dependencias ya laboran bajo esquemas cercanos a las 40 horas. La reforma, aseguró, posee la flexibilidad necesaria para adaptarse a estos modelos de producción intensiva.
Garantía salarial
Un punto central del mensaje presidencial fue la certeza jurídica sobre los ingresos de los trabajadores. Sheinbaum garantizó que la reducción de horas no implicará disminución salarial alguna, calificando este candado como una «demanda histórica» de la clase trabajadora que se suma a la política de recuperación del salario mínimo impulsada en el sexenio anterior.
Finalmente, la mandataria desestimó las preocupaciones sobre un posible impacto inflacionario o de desempleo, insistiendo en que las estimaciones económicas realizadas durante las negociaciones prevén una absorción ordenada de los costos laborales. La minuta seguirá su curso legislativo en San Lázaro, donde se espera su ratificación para proceder con la declaratoria de constitucionalidad.
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