El Senado de la República aprobó este miércoles en lo general y particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen, que modifica el artículo 123, Apartado A, fue remitido de inmediato a la Cámara de Diputados para su ratificación, estableciendo un esquema de implementación diferida que culminará hasta el año 2030.
La iniciativa, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, estipula que la transición se realizará de manera gradual a partir de 2026, argumentando la necesidad de evitar impactos abruptos en la economía nacional. Si bien se garantiza que la disminución de horas no implicará reducción salarial para los aproximadamente 13.5 millones de trabajadores beneficiados, la reforma introduce candados específicos sobre la productividad y el tiempo laborable efectivo.
Regulación de horas extra
Uno de los puntos técnicos más relevantes del dictamen es la reconfiguración del trabajo extraordinario. La reforma permite laborar hasta 12 horas extra por semana —distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante tres días—, las cuales deberán pagarse al 100% adicional del salario ordinario. Solo en caso de exceder este límite se aplicará el pago del 200%, medida que busca desincentivar el abuso pero que mantiene la puerta abierta a jornadas extendidas bajo compensación económica.
Durante la discusión, la senadora del PRI, Cristina Ruiz, lanzó una crítica severa al proyecto oficialista, calificándolo como «la reforma del cansancio». La legisladora tricolor argumentó que, al no consagrar constitucionalmente dos días de descanso obligatorios, la medida es una «justicia a medias». Ruiz sostuvo que la verdadera demanda social exige una jornada de cinco días laborales con sanciones reales para empleadores incumplidos, advirtiendo que cambiar el nombre al esquema no garantiza el descanso efectivo.
Por su parte, las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano, representadas por Marko Cortés y Clemente Castañeda respectivamente, coincidieron en que el dictamen es insuficiente. Aunque respaldaron la alineación con estándares internacionales, cuestionaron la falta de estímulos fiscales para las micro y pequeñas empresas que deberán absorber los costos de la transición durante los próximos cinco años, así como la desprotección del sector informal.
Contexto de salud pública
El documento aprobado justifica la urgencia de la medida citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT, reconociendo que el 75% de los trabajadores mexicanos padece estrés laboral, la cifra más alta a nivel mundial. La reforma busca mitigar riesgos asociados a jornadas prolongadas, como infartos y enfermedades psicosociales, en un país que mantiene una de las cargas horarias más elevadas de la OCDE sin que esto se traduzca en mayor productividad.
La minuta ahora deberá ser analizada y votada en el Palacio de San Lázaro, donde se espera que la discusión se centre nuevamente en los plazos de implementación y los mecanismos de apoyo al sector empresarial para cumplir con la nueva normativa hacia el final de la década.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.