La diputada federal del PRI, Anita González González, presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con una implementación progresiva en un plazo de tres años, conforme a lo que establezca la Ley Federal del Trabajo, sin afectar salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras.
La propuesta plantea una reforma a la fracción I del Apartado A del artículo 123 constitucional, con el objetivo de establecer un esquema gradual que permita la adaptación de los sectores productivos y garantice condiciones laborales estables durante la transición.
Aplicación gradual y diálogo sectorial
Al explicar la iniciativa, la legisladora subrayó que la reducción debe aplicarse de manera gradual y dialogada, acompañada de apoyos fiscales y ajustes sectoriales que aseguren la viabilidad económica de la medida.
Indicó que la disminución de la jornada laboral busca mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, al permitir mayor tiempo de descanso semanal, destinado al cuidado de la salud, la convivencia familiar, la recreación y el ocio.
González González señaló que México presenta rezagos en materia laboral, tanto en legislación como en práctica, y recordó que el marco jurídico vigente tiene su origen en principios del siglo XX, mientras que la discusión para pasar de 48 a 40 horas semanales permanece sin avances sustantivos.
La diputada sostuvo que la evolución del mundo laboral exige proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras, mediante un tiempo de trabajo proporcionado, respaldado por un marco jurídico sólido y acuerdos colectivos que favorezcan la conciliación entre vida laboral y personal.
Impacto en Nuevo León
En referencia a Nuevo León, entidad que representa, la legisladora destacó que la reducción a 40 horas implicaría mayor equilibrio vida-trabajo y bienestar laboral, en un estado que es pilar del empleo formal en el país, al generar 15.8% de los nuevos puestos de trabajo a nivel nacional durante el primer trimestre de 2025.
Asimismo, recordó que Nuevo León registra la tasa de informalidad laboral más baja del país, con 33.7% de su población ocupada en la informalidad, frente al promedio nacional de 54.8%, lo que se traduce en mayor certeza laboral, acceso a seguridad social y prestaciones de ley.
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