El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género acumula 496 registros desde su creación en septiembre de 2020 y hasta el cierre de 2025; sin embargo, 48% de las personas inscritas (216) no recibió ninguna sanción, pese a que la autoridad acreditó las faltas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
El Registro se constituyó como una lista pública de consulta para visibilizar la violencia política de género y generar conciencia ciudadana. En él pueden aparecer personas con o sin cargo público. Entre las víctimas identificadas por el INE se encuentran 186 regidoras, 131 candidatas, 58 síndicas, 52 presidentas municipales, 28 diputadas locales, cuatro diputadas federales y cuatro gobernadoras, entre otros cargos.
Tipos de violencia documentados
Los tipos de violencia más recurrentes fueron la psicológica y la simbólica. Las víctimas reportaron haber sido minimizadas, segregadas, ignoradas, invisibilizadas, denigradas o cosificadas, principalmente a través de publicaciones en redes sociales, según los expedientes del Registro.
También se documentaron casos de violencia económica, en los que mujeres fueron privadas de su salario o destituidas bajo el argumento de que no eran capaces de desempeñar sus funciones por razón de género. Además, existen registros de violencia física y verbal, amenazas en oficinas y domicilios, así como presiones e intimidaciones para forzar la renuncia a cargos.
Un expediente refiere que “el denunciado junto con otras personas ingresaron a la oficina de la víctima, la sometieron para que renunciara, la amenazaron con ánforas de gasolina y advirtieron posibles agresiones sexuales”, de acuerdo con la descripción incluida en el Registro.
Sanciones y reincidencia
En cuanto a las medidas impuestas, 32% de las personas fue sancionada con multa económica y 18% recibió amonestación. Entre los responsables figuran presidentes municipales, regidores, periodistas, síndicos, directivos de medios, funcionarios partidistas, candidaturas, servidores públicos, influencers y ciudadanía; no obstante, las personas políticas concentran la mayoría de los casos.
A nivel territorial, existen 11 registros de violencia política de género en el país. Oaxaca concentra el mayor número de infracciones con 147 casos, seguida de Veracruz (58), Chiapas (39), Tabasco (32) y Campeche (31).
El Registro es público y se actualiza de manera constante, pero no es vinculante. Esto implica que las personas inscritas no están obligadas a renunciar a candidaturas ni quedan impedidas para ocupar cargos públicos, ni se les aplica automáticamente un procedimiento para separarlas del encargo.
En entrevista, Aidee Rodríguez Serrano, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, señaló que el Registro “se queda corto” frente a su objetivo inicial de inhibir las conductas, y subrayó que corresponde al Poder Legislativo otorgarle mayor alcance. Indicó que, aunque no es vinculante, es la única herramienta para monitorear a quienes ejercen esta violencia y evidenciar su normalización.
Las personas agresoras permanecen inscritas entre tres y seis años, según la gravedad (leve, ordinaria, especial o reincidencia). Aun así, 13% de los registros corresponde a reincidencias. El 12 de enero, el INE presentó su propuesta de reforma electoral, que plantea suspender derechos político-electorales o prerrogativas a personas sentenciadas mientras estén inscritas en el Registro.
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