La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó este 30 de septiembre de 2026 un balance sobre la política ambiental en la conferencia Mañanera del Pueblo, donde estableció la meta de reducir un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y alcanzar una participación del 38% en generación de energía renovable.
En el informe de gestión, la funcionaria detalló una inversión pública de 20 mil millones de pesos destinada al saneamiento de las cuencas hidrológicas de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula/Endhó, proyectos enfocados en atenuar la contaminación hídrica que afecta a 25 millones de habitantes en dichas regiones.
Bárcena expuso que la estrategia gubernamental enfrenta tres problemáticas principales: la vulnerabilidad ante el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad por deforestación y la contaminación de aire, agua y suelo. Como parte de las acciones reportadas, destacó el resguardo de 272 Áreas Naturales Protegidas y la recuperación de 272 mil hectáreas mediante la cancelación de concesiones mineras.
Alcances de la reforma a la LGEEPA
El reporte institucional se da en el contexto de la revisión legislativa a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), iniciativa presentada en agosto y que actualmente se encuentra en fase de audiencias públicas en la Cámara de Diputados con la participación de 130 representantes del sector académico, empresarial y social.
La iniciativa plantea transitar de un esquema de conservación pasiva a un marco de restauración obligatoria, incorporando la Evaluación Ambiental Estratégica para grandes proyectos de infraestructura y dotando de mayores facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para reestructurarla como una Procuraduría de Justicia Ambiental con registro público de infractores.
Asimismo, la dependencia federal incluyó en sus prioridades medidas de adaptación climática mediante la recuperación de manglares y dunas en el estado de Tabasco, además del avance en la Ley de Bienestar Animal orientada a reconocer legalmente a los animales como seres sintientes.
El balance presentado ante el Ejecutivo Federal evidencia los retos de la gestión ambiental frente a los rezagos históricos en saneamiento de cuencas y la actualización normativa pendiente desde 1988, mientras en el Congreso de la Unión continúa el análisis sobre las cargas regulatorias y sanciones que impondrá la nueva legislación al sector productivo.
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