Integrantes de la Alianza Nacional de Abogados acudieron este martes a la sede del Senado de la República para entregar más de 20 mil firmas ciudadanas que exigen la separación del cargo del senador Enrique Inzunza, al cumplirse cinco meses de que una fiscalía de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico.
Inicialmente, personal de resguardo parlamentario impidió el ingreso de la comitiva de aproximadamente 20 personas, argumentando «órdenes de arriba». La restricción afectó también a la senadora priista por Sinaloa, Paloma Sánchez, quien invitó a los ciudadanos e intervino para exigir el acceso, permitiendo que la comitiva ingresara a la Oficialía de Partes 20 minutos después.
Exigencia de integridad y protesta en la sede legislativa
Una vez en el interior del inmueble, durante su trayecto hacia el patio central, los integrantes del colectivo manifestaron su postura con consignas pidiendo la salida del legislador. La petición, recolectada a través de la plataforma Change, estaba dirigida al presidente del Senado, Higinio Martínez, y ya contaba con un acuse de recibido previo en la Cámara de Diputados.
La promotora de la iniciativa, Vania Pérez Morales, señaló ante los medios de comunicación la falta de atención por parte de legisladores de Morena y cuestionó la actuación de las autoridades legislativas.
“La petición no es sobre una persona ni sobre un senador en particular. Se trata de qué tipo de representantes queremos tener y qué estándar de integridad debe exigirse a quien ocupa una responsabilidad pública”, enfatizó Pérez Morales.
Contexto de las acusaciones judiciales
La manifestación coincide con los cinco meses transcurridos desde que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado contra Inzunza Cázarez, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios.
A raíz de dicho proceso legal, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, mientras que el senador Inzunza ha acumulado más de 100 días de inasistencia presencial al pleno. Por su parte, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, se entregó previamente a las autoridades de Estados Unidos.
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