El diputado federal Mario Zamora Gastélum, del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de crear el Dictamen de Congruencia Patrimonial como un mecanismo que fortalezca la transparencia en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
La propuesta adiciona una fracción IX Bis al Artículo 3, definiendo al dictamen como un documento elaborado por un contador público inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se presumirá válido salvo prueba en contrario, conforme al Código Fiscal de la Federación. El dictamen evaluará la congruencia entre el patrimonio del funcionario y sus ingresos declarados.
Zamora también planteó reformar el Artículo 27, para que los datos del dictamen se registren en el Sistema de Evolución Patrimonial, en la declaración de intereses y en las constancias fiscales de la Plataforma Digital Nacional. Asimismo, propuso modificar el Artículo 29 para que la información sea pública.
Plazos y obligaciones de los servidores públicos
La iniciativa incluye cambios al Artículo 32, estableciendo quiénes deben presentar el dictamen y un plazo de 15 días hábiles a partir de la presentación de la declaración patrimonial. También se reforma el Artículo 36, para que los órganos internos de control consideren el dictamen en investigaciones y auditorías y puedan resolver controversias.
En caso de que el cotejo entre la declaración patrimonial y el dictamen muestre un incremento inexplicable o discrepancias, la propuesta modifica el Artículo 37 para solicitar aclaraciones o integrar un expediente de investigación.
Zamora subrayó que la medida busca otorgar mayor certeza y respaldo contable a las declaraciones patrimoniales, convirtiéndose en una herramienta adicional para la prevención y combate de la corrupción. “Será un documento robusto, expedido por un contador público certificado por el SAT, que contendrá un análisis contable de ingresos y gastos del declarante”, puntualizó.
El legislador recordó que la ley ya contempla disposiciones para sancionar el enriquecimiento ilícito, pero indicó que el dictamen fortalecerá este mecanismo de transparencia y hará cumplir el Artículo 38, que obliga a los servidores públicos a proporcionar información sobre la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus dependientes económicos.
Con esta iniciativa, el PRI busca consolidar un marco normativo más sólido para la rendición de cuentas, asegurando que los datos patrimoniales de los funcionarios sean verificables, públicos y sujetos a supervisión contable profesional.
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