El diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y crear la Comisión de Prevención y Atención al Suicidio, integrada por representantes de la Secretaría de Salud, del Sistema Educativo Nacional y del DIF, tanto a nivel federal como estatal.
La propuesta adiciona 14 nuevos artículos, del 73 Bis 1 al 73 Bis 14, y modifica la denominación del Capítulo VII del Título Tercero, que pasará a llamarse “De la Salud Mental y Prevención al Suicidio”, con el objetivo de establecer un marco normativo específico para la atención y prevención de conductas suicidas.
La Comisión estará presidida por el representante federal de la Secretaría de Salud y sus atribuciones incluyen capacitar al personal de salud, educativo, asistencial, penitenciario y de seguridad en la detección oportuna de personas con riesgo suicida, así como elaborar e implementar protocolos de atención en servicios de salud, con énfasis en urgencias y primer contacto.
El órgano también será responsable de coordinar mecanismos entre instituciones de salud, líneas de emergencia e instancias involucradas, establecer convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas, académicas, religiosas y de la sociedad civil, y mantener un registro nacional actualizado sobre incidencia e intentos de suicidio, garantizando la protección de datos personales.
Prevención en escuelas y comunidades
La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión y autoridades sanitarias, deberá diseñar un plan nacional de prevención del suicidio en escuelas, capacitar a docentes y personal administrativo, establecer protocolos de atención para alumnos en riesgo, realizar campañas informativas para la comunidad educativa y fomentar la participación activa de madres, padres, tutores y estudiantes.
El proyecto establece que la Secretaría de Salud integrará equipos interdisciplinarios para acompañamiento terapéutico, rehabilitación y reinserción social, en los que los familiares podrán participar, además de promover convenios con gobiernos estatales y municipales para asegurar la implementación de la ley. Se deberán cumplir protocolos nacionales con criterios psicosociales, culturales y clínicos, incluyendo notificación inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando corresponda.
La iniciativa subraya que todo el personal deberá observar estrictamente la confidencialidad de la información y que los programas de capacitación considerarán el contexto socioeconómico y cultural de cada región, incluyendo a trabajadores de los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y asistencia social.
Gaona Domínguez señaló que el Congreso debe legislar para garantizar políticas públicas eficientes, humanizadas y adecuadas frente a un problema de salud pública que requiere un marco legal claro y específico, con el objetivo de proteger la salud mental y la vida de todas las personas.
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