El Gobierno de Argentina declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, dos agrupaciones vinculadas con el crimen organizado transnacional en México. La determinación fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial por disposición de la Oficina del Presidente, encabezada por Javier Milei.
La medida incluye a un total de seis estructuras delictivas e insurgentes de América Latina. Además de los grupos mexicanos, el listado incorpora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones, como parte de las acciones institucionales contra el narcotráfico y la violencia transnacional.
En el documento oficial, las autoridades argentinas argumentaron que el Cártel de Sinaloa se dedica al tráfico de drogas, contrabando y secuestros extorsivos, destacando que dicha agrupación ya cuenta con la designación de terrorista por parte de gobiernos como el de Estados Unidos. Asimismo, la resolución indica que la clasificación constituye una determinación soberana del Ejecutivo argentino sin efectos legales automáticos en otras jurisdicciones.
Respecto a La Nueva Familia Michoacana, la Presidencia de Argentina sustentó su incorporación al catálogo de grupos terroristas en sus operaciones relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes y la minería ilegal. Con esta disposición, ambas organizaciones quedan sujetas a los mecanismos de control e inteligencia previstos por el marco normativo argentino para combatir estructuras criminales de alto impacto.
Coopéración regional e incentivo financiero
La promulgación de la resolución ocurre semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara el establecimiento en Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), con un esquema financiero de más de 13 millones de dólares destinado a fortalecer las capacidades operativas contra el crimen organizado.
El proyecto de cooperación internacional prevé la asignación de 7.5 millones de dólares para programas directos en territorio argentino, mientras que 5.85 millones de dólares adicionales financiarán iniciativas de alcance regional. En la presentación del acuerdo participaron la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, representante de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Con este acto legal y el respaldo técnico-financiero estadounidense, el gobierno sudamericano busca consolidar un frente de coordinación multilateral para limitar la capacidad financiera, logística y de despliegue de las redes delictivas transnacionales con presencia en el hemisferio.
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