La diputada federal Noemí Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en la Cámara de Diputados, presentó un balance del trabajo legislativo de 2025 en el Congreso de la Unión, el cual calificó como mayormente negativo, al señalar excesos de poder y simulación por parte de la mayoría de Morena.
Desde Zacatecas, la legisladora sostuvo que el análisis del año legislativo incluyó tanto avances como retrocesos. Afirmó que la oposición acompañó aquellas reformas orientadas a la protección de la ciudadanía y rechazó las que, a su consideración, vulneran derechos y libertades. Indicó que para 2026, el PAN mantendrá su compromiso con la defensa del Estado de derecho y el impulso al crecimiento económico.
En su revisión de los trabajos parlamentarios, Luna señaló que existieron reformas aprobadas por consenso, entre ellas las medidas para combatir la extorsión y el endurecimiento de sanciones contra agresores sexuales, las cuales contaron con el respaldo de los seis grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Señalamientos sobre concentración de poder
No obstante, la diputada por Zacatecas advirtió una tendencia a la concentración de decisiones en el poder central, lo que, afirmó, representa el retorno de un modelo de presidencialismo que reduce los contrapesos institucionales y limita las herramientas de defensa ciudadana.
En ese contexto, reiteró la postura de la oposición respecto a que el Poder Legislativo ha operado como una “Oficialía de Partes”, al considerar que la mayoría legislativa responde al oficialismo. Añadió que, desde su perspectiva, la transformación planteada por el gobierno federal no se ha reflejado en la práctica legislativa.
Luna criticó la aprobación de leyes sin procesos amplios de diálogo con los sectores involucrados. Como ejemplo, mencionó la prohibición de los vapeadores, al señalar que esta medida derivó en efectos no previstos, como el crecimiento del mercado informal y la criminalización indirecta de usuarios.
También se refirió a la Ley de Aguas y a las modificaciones a la Ley de Amparo, al señalar que estas reformas generan incertidumbre entre productores rurales y reducen mecanismos de defensa jurídica para la ciudadanía.
Finalmente, en materia de igualdad sustantiva y combate a la violencia contra las mujeres, reconoció avances en el marco legal, aunque advirtió que la falta de presupuesto e instituciones fortalecidas podría limitar su aplicación efectiva.
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