La diputada federal Fuensanta Guerrero, representante de Zacatecas, afirmó que la Ley de Aguas aprobada por la mayoría de Morena pone en riesgo la certeza jurídica de quienes dependen del recurso hídrico y puede afectar la estabilidad social y productiva de diversas regiones del país.
La legisladora señaló que la nueva legislación fue avalada en el Congreso de la Unión sin un proceso de diálogo amplio, y sin incorporar las voces de sectores productivos, comunidades rurales, especialistas y personas usuarias del agua. Indicó que esta dinámica legislativa genera incertidumbre entre quienes utilizan el recurso para actividades agrícolas y productivas.
Guerrero advirtió que, en los hechos, la ley establece un esquema en el que cualquier trámite, omisión administrativa o modificación en la documentación puede convertirse en causal para suspender, multar o cancelar concesiones de agua, lo que impacta directamente a productores y familias campesinas.
Cuestionamientos sobre el enfoque de la ley
En su posicionamiento, la secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura cuestionó el trasfondo de la reforma y planteó si el objetivo es garantizar el acceso al agua como derecho humano o utilizar el recurso como un mecanismo de control político.
La diputada sostuvo que la administración del agua no debe realizarse bajo esquemas centralizados y discrecionales, al considerar que ello puede abrir espacios a decisiones sin criterios claros. “Un país democrático no puede permitir que el recurso más básico para la vida sea administrado bajo esquemas opacos”, expresó.
En referencia a Zacatecas, la legisladora subrayó que, debido a su vocación agrícola, el acceso al agua determina la permanencia de las familias en el campo o la necesidad de migrar. Afirmó que la falta de certeza jurídica afecta directamente la viabilidad del trabajo rural.
Guerrero agregó que, para miles de familias campesinas, el agua utilizada para el riego representa un patrimonio y un legado que buscan heredar a sus hijas e hijos, y advirtió que con la reforma ese patrimonio queda sujeto a decisiones administrativas concentradas en una sola autoridad.
Finalmente, la diputada rechazó el modelo legislativo impulsado por el oficialismo y advirtió que el futuro de las comunidades rurales, en Zacatecas y en otras entidades, queda condicionado a la voluntad de una autoridad administrativa, lo que consideró contrario a los principios de seguridad jurídica.
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