Las y los diputados del PRI votaron en contra del dictamen que prohíbe los vapeadores y modifica diversas disposiciones en materia de salud, al argumentar que la propuesta no atenderá las adicciones, incrementará el mercado ilegal y afectará la obligación estatal de garantizar atención para enfermedades de alto costo. El grupo parlamentario aseguró que la reforma también ampliará la centralización del sistema sanitario.
Argumentos sobre el mercado ilegal y riesgos sanitarios
El coordinador priista, Rubén Moreira Valdez, explicó que la prohibición “solo fomentará el mercado negro”, al no existir capacidad operativa para supervisar productos comercializados de manera irregular. Añadió que esta situación podría afectar a adolescentes y jóvenes, quienes estarían expuestos a sustancias sin control sanitario. Legisladores señalaron que, si el objetivo fuera proteger la salud, deberían revisarse también otros productos como el tabaco.
Integrantes del PRI advirtieron que el dictamen contempla sanciones de hasta ocho años de prisión por portar un vapeador, equiparables a delitos como portación de arma de fuego sin licencia, fraude genérico o violencia familiar. Indicaron que la medida podría generar espacios para la corrupción y no aborda la actuación del crimen organizado en actividades de extorsión, reclutamiento o desaparición.
Impactos en turismo y riesgo de corrupción
Los legisladores señalaron que la reforma podría impactar al turismo, debido a que visitantes extranjeros que utilizan vapeadores podrían evitar viajar por temor a sanciones. Recordaron que un escenario similar ocurrió en Tailandia en 2018. Añadieron que las medidas punitivas podrían traducirse en oportunidades de soborno que afectarían la reputación de México como destino seguro.
Centralización y efectos en servicios estatales
El grupo parlamentario subrayó que las entidades federativas no fueron consultadas, pese a que la reforma influye en su operación. Manifestaron preocupación por la posible profundización del centralismo en salud, al considerar que no se garantiza la prestación eficiente y oportuna de los servicios. Indicaron que, desde su perspectiva, el sector enfrenta retos como falta de medicamentos, carencia de personal y hospitales sin equipamiento.
Fondo de Salud y atención de enfermedades graves
El PRI afirmó que la reforma permite que Morena disponga de la totalidad del Fondo de Salud para el Bienestar, lo que eliminaría la obligación de destinar recursos a enfermedades que generan gastos catastróficos, como cáncer y padecimientos crónico-degenerativos. Legisladores expresaron que, con este cambio, se limita la atención para personas con condiciones graves y se ejerce un uso discrecional de los recursos.
Al respecto, señalaron que “Morena quiere hacer legal el abandono y la desatención hacia niñas, niños y pacientes con cáncer”, al enfatizar su preocupación por los efectos presupuestales en el tratamiento de estas enfermedades.
Servicios, medicamentos y protección a la salud
Finalmente, las y los legisladores priistas indicaron que la reforma no atiende problemas como el desabasto de medicamentos, la falta de vacunas, la insuficiencia de laboratorios y la ausencia de farmacias equipadas. Precisaron que estas condiciones afectan el acceso a servicios y la protección a la salud para las familias, particularmente aquellas con mayor vulnerabilidad económica.
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