Comunidades y expertos presentaron este martes un informe que denuncia graves violaciones a los derechos humanos y daño ambiental «irreversible» provocado por la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. La Misión de Observación, integrada por organizaciones de base, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), documentó «profundas transformaciones territoriales y una sistemática violación de los derechos humanos en la región».
Impactos ambientales catastróficos
El informe detalla la magnitud del daño ecológico causado por la obra, un proyecto prioritario del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se extiende por 1,554 kilómetros.
- Deforestación y Fauna: Se contabiliza la pérdida de al menos 20 millones de árboles en los tramos 5, 6 y 7, lo que ha provocado la destrucción de ecosistemas, nidos de aves y el hábitat del jaguar y fauna protegida.
- Acuífero Contaminado: Se confirmó la afectación de cerca de 130 cenotes y cavernas, las cuales han sido perforadas, rellenadas o destruidas. El investigador Guillermo D’Chisty afirmó que la instalación de aproximadamente 15,000 cimientos de acero y concreto directamente en el acuífero está causando la contaminación del segundo sistema hídrico más importante de México y un «daño inconmensurable».
Violación de derechos y militarización
Los observadores denunciaron que la vida en las comunidades se ha visto «radicalmente alterada por la presencia militar» que custodia la zona, lo cual ha coincidido con un incremento en el tráfico de drogas y la trata de personas.
María Hernández, del Colectivo Vida, denunció la implementación de «estrategias de división desde el Estado» para fragmentar a las comunidades. Señaló la participación de actores, incluidos líderes religiosos y figuras públicas como el actual presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, descrito como afín al gobierno y antiguo abogado de la región. A esto se suma un aumento de la violencia desde 2020, que incluye ejecuciones, asesinatos y desapariciones de jóvenes, niños, hombres y trabajadores del tren.
Proyecto político y jurídico
La investigadora antropológica Giovana Gasparelo aseveró que «el proyecto del Tren Maya jamás fue un proyecto ferroviario, en realidad es un proyecto de reordenamiento territorial». Según los expertos, el objetivo real no es el transporte, lo cual se refleja en la existencia de estaciones vacías debido a la distancia entre las paradas y los núcleos poblacionales. D’Chisty exclamó que el proyecto es un “capricho político” y que “nunca se diseñó como una opción de comunicación o de desarrollo”.
En materia jurídica, se denunció que el proceso de consulta realizado a finales de 2019 violó los estándares internacionales al no ser previo ni libre. Además, se señaló que el proyecto avanzó sin contar con los permisos ambientales necesarios, segmentando los estudios para ocultar los verdaderos impactos. Francesco Martone, juez del TIDN, recordó que su tribunal dictaminó en 2023 que el Tren Maya era un proyecto «etnocida y ecocida» y exigió la suspensión inmediata de la obra.
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