La controversia por el manejo de vestigios arqueológicos hallados durante la construcción del Tren Maya y su traslado a los denominados Parques de la memoria se intensificó este martes. Durante reuniones paralelas de investigadores y autoridades, se presentaron denuncias sobre el uso de dinamita y retroexcavadoras en zonas de salvamento, así como el anuncio de posibles acciones legales contra exdirectivos de la institución.
En una sesión del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación y Docencia del INAH, especialistas calificaron las intervenciones como «crímenes de lesa arqueología». Jesús Sánchez, investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos, señaló que los métodos empleados en el proyecto son indefendibles. Por su parte, el arqueólogo Fernando Cortés Brasdefe afirmó que de las más de 62 mil estructuras localizadas, solo una mínima parte fue recuperada y algunas piezas en el parque Balam Tun han sido reconstruidas con materiales recientes.
Postura oficial y defensa institucional
En una mesa académica en el Museo Nacional de Antropología, Diego Prieto Hernández, exdirector del INAH y actual titular de la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura, defendió la legitimidad de las acciones. Prieto se refirió específicamente al desplazamiento de 36 construcciones mayas en los tramos 6 y 7, reconociendo que el proyecto modificó metodologías y criterios tradicionales de salvamento.
«Respeto lo que opinen las y los compañeros del sindicato, pero como institución debemos cerrar filas», declaró Prieto Hernández, exhortando a evitar señalamientos de delincuencia entre colegas. El exfuncionario admitió la necesidad de revisar principios técnicos, pero sostuvo que las decisiones institucionales deben ser respetadas en el contexto de la construcción de infraestructura nacional.
Criterios de preservación y reubicación
Manuel Pérez Rivas, responsable de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, informó que se modificaron alrededor de 25 trazos de la ruta original. Según el funcionario, estas variaciones permitieron preservar la integridad de aproximadamente 3 mil 500 monumentos de alto valor arqueológico que habrían sido afectados por el paso de la vía.
Pérez Rivas argumentó que la reubicación de vestigios fue un recurso de última instancia ante la imposibilidad de evitar encuentros con material prehispánico en la región. Los especialistas presentes en la mesa académica coincidieron en que toda intervención de infraestructura es inherentemente destructiva, similar al crecimiento urbano, por lo que la discusión debe centrarse en la actualización de los protocolos de actuación ante hallazgos masivos.
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