La Asociación de Internet MX (AIMX) alertó sobre los riesgos para la privacidad, la economía y la ciberseguridad que implicaría la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación 2026, la cual permitiría el acceso a información digital sin orden judicial.
En entrevista con MILENIO Televisión, David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de la AIMX, señaló que la modificación otorga a las autoridades “una llave maestra para entrar a cualquier sitio electrónico, sin necesidad de una orden judicial”, lo que podría abrir la puerta a prácticas de vigilancia digital.
El especialista advirtió que “el acceso sin proceso legal implica que mañana la autoridad pueda revisar información a la cual no tiene derecho”, lo que, dijo, representa un riesgo a las garantías constitucionales y a la protección de datos personales.
Impacto económico y empresarial
Pizaña destacó que, tras 25 años de trabajo para consolidar el comercio electrónico en México, la reforma podría desalentar la permanencia de pequeñas y medianas empresas en plataformas digitales, ante el temor de una supervisión sin restricciones. Esto, añadió, podría afectar la confianza en el ecosistema digital y frenar el crecimiento económico.
En materia de ciberseguridad, el vicepresidente de la AIMX advirtió que el acceso total a bases de datos podría abrir la puerta a vulneraciones y ataques informáticos. “Si tienes una cuenta en Amazon, la autoridad no solo podría ver qué compraste, sino toda tu información, incluso datos industriales o confidenciales”, ejemplificó.
Llamado al Senado para revisar la iniciativa
El representante del sector digital aclaró que la AIMX no se opone a la fiscalización legítima, sino al exceso en el acceso a la información privada. “La tecnología es útil para supervisar lo que corresponde, pero esta medida va más allá de lo que sería correcto en el mundo físico, donde se requiere una orden debidamente fundada y motivada”, puntualizó.
Finalmente, Pizaña expresó su confianza en que el Senado revise la reforma antes de su implementación, a fin de garantizar la protección de los derechos constitucionales, los compromisos internacionales de México y la estabilidad de la economía digital.
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