“La ciudadanía exige resultados, no declaraciones”: Noemí Luna

Por: Redacción | 28 de octubre de 2025, 9:14 pm CST

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala, afirmó que la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión deberá acompañarse de asignación presupuestal para garantizar su implementación a partir de 2026.

La legisladora indicó que su grupo parlamentario votará a favor del dictamen, al señalar que se trata de una ley originalmente propuesta por esa fuerza política y que fue retomada por el Ejecutivo federal. Sin embargo, advirtió que no tendrá resultados si se mantiene el artículo noveno transitorio que establece que la puesta en marcha será con cargo al presupuesto aprobado, sin recursos adicionales.

“Una ley no se mide por el número de hojas ni por el consenso que logra, sino por cuántas vidas logra salvar”, expuso desde tribuna.

Datos del delito

Luna Ayala señaló que la extorsión continúa como un fenómeno delictivo que impacta a familias, comercios y actividades productivas. De acuerdo con cifras que citó en tribuna, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 5 mil 880 víctimas de extorsión a nivel nacional, lo que representa un aumento del 83% en una década.

Además, mencionó casos de agresiones contra personas que denuncian este delito, entre ellos el de Bernardo Bravo, líder productor de limón atacado el 20 de octubre tras exigir protección y detener cobros ilegales en su región. La diputada afirmó que algunos agricultores han abandonado cultivos ante amenazas y cobros ilícitos.

Aplicación de la ley

La integrante del PAN enfatizó la necesidad de que esta conducta ilícita sea perseguida de oficio, para evitar que la denuncia represente un riesgo adicional: “Denunciar te puede costar la vida”, señaló.

Luna Ayala sostuvo que el avance de la extorsión en diversas zonas del país se explica por la insuficiente presencia institucional, ya que, dijo, “donde manda la amenaza es porque la autoridad se ausentó”.

Finalmente, planteó que el voto a favor del dictamen responde al objetivo de fortalecer la seguridad económica y ciudadana, e instó a los gobiernos estatales a “poner atención en mercados y zonas productivas” donde se reporta el incremento de este delito.


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