El mercado negro en México opera mediante una cadena logística estructurada que inicia en contenedores internacionales y culmina en tienditas de barrio, revelando la capacidad del crimen organizado, la fragilidad de las aduanas y la falta de acción institucional.
Según Cuauhtémoc Rivera, director de la ANPEC, la mercancía ilegal ingresa por puertos como Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Altamira, además de fronteras terrestres y el aeropuerto de la Ciudad de México. “Las bandas de contrabandistas tienen muchos recursos para vulnerar nuestras fronteras”, afirmó.
Rutas y distribución
Datos del Colmex indican que entre 2017 y 2023, el contrabando de cigarros aumentó 240%. Los decomisos muestran que las rutas marítimas son las más utilizadas, con cargamentos asiáticos declarados como otro tipo de mercancía.
Una vez en México, los productos se concentran en centros de distribución como Tepito, San Juan de Dios y La Pulga, desde donde se organizan flujos hacia mayoristas y vendedores callejeros. El general retirado Juan Carlos Buitrago señala que estas redes operan como empresas, con roles definidos y cadenas de mando.
La mercancía se traslada en tráileres y camionetas por carreteras federales, sin mayores obstáculos. De ahí pasa a nodos locales que abastecen a comercios populares, donde se vende sin restricciones.
Imposición de marcas y amenazas
Rivera advierte que en zonas como Culiacán y Guerrero, el crimen organizado impone marcas de contrabando y prohíbe la venta de productos legales. Los tenderos, bajo amenaza, aceptan la mercancía o enfrentan represalias.
El consumidor, muchas veces sin saberlo, adquiere productos ilegales por precio accesible. En Guadalajara, el consumo de cigarros ilegales pasó de 10.6% en 2017 a 23.9% en 2023. Una cajetilla legal cuesta 70 pesos, mientras que una de contrabando se vende en 30 o 40 pesos.
“El margen es brutal. Un producto que cuesta 25 centavos en el mercado negro puede venderse en un peso en el legal”, explicó Rivera.
Corrupción y falta de control
Buitrago afirma que sin complicidad de aduanas, policías y gobiernos locales, este mercado no podría sostenerse. El Observatorio Nacional Ciudadano coincide: no hay una política integral contra el contrabando, las denuncias no prosperan y en muchos casos las autoridades se benefician.
Alejo Campos, de Crime Stoppers, resume: “El crimen organizado no reconoce fronteras, pero nuestras autoridades sí. Esa desventaja hace que los grupos criminales operen con libertad”.
El impacto incluye pérdidas fiscales —13,500 millones de pesos solo en 2021 por comercio ilegal de cigarros— y riesgos para la salud por productos adulterados. Además, se fortalece el control territorial del crimen organizado en la vida cotidiana.
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