El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de Jay Clayton como el próximo director de Inteligencia Nacional. Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, cargo desde el cual encabeza un proceso penal por presunto narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad federativa mexicana.
Contexto de la nominación en Estados Unidos
La designación de Clayton por parte del Ejecutivo estadounidense se concretó tras las objeciones manifestadas por legisladores del Partido Demócrata ante la consideración previa de Bill Pulte para ocupar la titularidad del organismo. La vacante en la dirección de Inteligencia Nacional se generó el pasado mes de mayo del presente año, luego de presentarse la renuncia de Tulsi Gabbard a dicho puesto.
Proceso judicial contra funcionarios de Sinaloa
En su función como fiscal federal en Nueva York, Jay Clayton lidera las acusaciones de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El pasado 29 de abril, el funcionario detalló los cargos penales que involucran a Rubén Rocha Moya, al general en retiro y exsecretario estatal Mérida Sánchez, al morenista Enrique Inzunza, y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil, junto a otros cinco colaboradores de la administración local, sumando un total de diez personas señaladas de operar en favor de la facción delictiva conocida como Los Chapitos.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton al formalizar las comparecencias programadas ante la jueza federal Katherine Polk Failla. Al momento, dos de los imputados en el expediente —el general Mérida Sánchez y el exsecretario de finanzas Enrique Alfonso Díaz Vega— se entregaron voluntariamente a los cuerpos de seguridad de Estados Unidos.
Postura del Gobierno de México
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el estado del caso y aseguró que la administración de Donald Trump no ha presentado el sustento probatorio suficiente requerido por los tratados binacionales para dar inicio a los procedimientos formales de extradición en contra de los servidores públicos imputados.
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