Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 15 de octubre de 2025, el legislador Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación impulsada por Morena. Señaló que la iniciativa podría convertir en delito la emisión o adquisición de comprobantes fiscales digitales que, aunque cumplan requisitos técnicos, no correspondan a operaciones reales.
Abramo Masso advirtió que esta medida facultaría al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para declarar operaciones inexistentes sin audiencia previa, lo que consideró una violación al principio de presunción de inocencia. Además, alertó sobre los efectos de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, que podría derivar en la detención de personas inocentes antes de un proceso judicial completo.
El diputado presentó datos que calificó como evidencia del llamado “huachicol fiscal”, al detallar que entre 2021 y los años posteriores las importaciones de aceites y lubricantes pasaron de 3 mil millones a 18 mil millones de litros, equivalentes a 2 mil 700 buques petroleros. Dijo que mientras el pago correcto por litro debía ser de 10 pesos, en promedio se cubrieron solo 2.50 pesos, lo que representó una defraudación estimada en 850 mil millones de pesos según la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Hacienda.
El legislador subrayó que la reforma actual eliminaría los mecanismos de defensa para las empresas acusadas, ya que el SAT podría denunciarlas directamente ante el Ministerio Público. En el ámbito aduanero, indicó que las autoridades podrían suspender patentes, confiscar mercancías y venderlas a remate, afectando incluso a quienes posteriormente resulten inocentes, con pérdidas de hasta 70% del valor original.
Impacto en empresas y municipios
De acuerdo con datos oficiales de Hacienda al 30 de agosto de 2025, existen 3 mil 591 empresas incluidas en la lista de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, de las cuales mil 624 obtuvieron sentencias favorables. Abramo Masso afirmó que la reforma pondría en riesgo tanto a grandes corporaciones como a pequeños comerciantes, al aplicar sanciones generalizadas sin distinguir la gravedad o el origen de las conductas.
El diputado priista consideró que el combate al fraude fiscal debe enfocarse en los servidores públicos involucrados y no solo en las empresas. Propuso revisar la Ley de Coordinación Fiscal para rediseñar la distribución de ingresos públicos, sugiriendo un nuevo esquema de 79% para la Federación y 21% para los estados y municipios, en lugar del actual 80-20.
Según sus cálculos, si el llamado huachicol fiscal no hubiera ocurrido, cada uno de los 2 mil 500 municipios del país habría recibido 350 millones de pesos adicionales. Concluyó que su bancada no apoyará la reforma mientras no se priorice la investigación antes de la persecución penal, y exhortó al Congreso a legislar para fortalecer la transparencia y la recaudación sin vulnerar derechos constitucionales.
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