La Cámara de Diputados recibió una nueva propuesta de modificación a la Ley de Amparo, presentada el 14 de octubre de 2025 por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, que busca aplicar las disposiciones de la reciente reforma judicial a las etapas pendientes de juicios en curso. El planteamiento, que ajusta el tercero transitorio del decreto, reabre la discusión sobre la retroactividad en el ámbito jurídico mexicano.
Según el documento presentado, las actuaciones procesales concluidas que hayan generado derechos adquiridos permanecerán sujetas a las normas anteriores. Sin embargo, las etapas aún no resueltas se regirán bajo las nuevas disposiciones. El texto argumenta que esta aplicación no constituye retroactividad, ya que afectaría únicamente actuaciones futuras y se respalda en doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El diputado Rubén Moreira advirtió en la red social X que la propuesta representa un intento de “regresar la retroactividad” eliminada del dictamen final de la reforma a la Ley de Amparo. En su publicación, señaló: “La ley se aplicará a juicios en proceso. Una burla… el poder hace leyes a modo. La última de la noche es el truco.”
La iniciativa fue ingresada al Pleno de San Lázaro bajo los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitando su análisis y eventual reserva al artículo tercero transitorio del decreto. El texto forma parte del paquete de reformas que también modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de unificar criterios procesales en el ámbito administrativo y judicial.
El dictamen original, aprobado semanas atrás, establecía que los asuntos en trámite continuarían bajo las reglas vigentes al momento de su inicio, en apego al principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional. Sin embargo, la nueva propuesta plantea un esquema intermedio que permitiría aplicar la reforma parcialmente a juicios en desarrollo.
La iniciativa de Flores Cervantes se justifica en precedentes judiciales que permiten la aplicación inmediata de normas procesales a procedimientos en curso, siempre que no afecten derechos adquiridos. No obstante, especialistas y legisladores de oposición advierten que su interpretación podría abrir la puerta a una aplicación retroactiva encubierta, vulnerando la seguridad jurídica de los promoventes de amparos.
El debate sobre la retroactividad de la Ley de Amparo se suma a la discusión general sobre las reformas impulsadas por el Congreso en materia judicial. Dichas modificaciones han sido criticadas por limitar la suspensión con efectos generales y restringir el concepto de interés legítimo, lo que, según juristas, podría debilitar la protección de los derechos ciudadanos frente a actos de autoridad.
La propuesta será turnada a comisiones para su revisión técnica y constitucional antes de ser sometida a votación en el Pleno, en un contexto de creciente tensión entre los poderes Legislativo y Judicial por el alcance de las reformas recientes.
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