Durante la reanudación de la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 6 de octubre de 2025, el diputado federal Christian Castro Bello, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su rechazo a la propuesta de reforma a la Ley Aduanera. La iniciativa busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley vigente.
En su intervención, Castro Bello señaló que la reforma “convierte el sistema aduanero en un instrumento de sobre regulación y de castigo”, argumentando que la medida no promueve la competitividad ni facilita el comercio, sino que podría obstaculizarlo. La propuesta contempla multas de hasta 300% del valor comercial de las mercancías, incluso por errores administrativos, lo que, según el diputado, podría afectar de manera desproporcionada a microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes).
El legislador también criticó la eliminación de la exclusión de responsabilidades, así como la transformación del agente aduanal en responsable solidario absoluto, desconociendo su función como auxiliar del Estado. “Los agentes aduanales facilitan más del 90% de las operaciones del comercio exterior. Castigarlos como funcionarios públicos podría resultar contraproducente”, advirtió.
Otro de los puntos señalados fue el control militar sobre las aduanas, que se mantiene sin un marco legal aprobado por el Congreso. Castro Bello destacó la ausencia de auditorías independientes y mecanismos de transparencia en la actualización de la Agencia Nacional de Aduanas y la participación de las Fuerzas Armadas, lo que a su juicio vulnera principios de legalidad y rendición de cuentas.
El diputado enfatizó que la reforma se presenta como una modernización, pero en la práctica responde a una lógica recaudatoria, ya que se proyecta que el Ejecutivo obtenga más de 3 mil 496 millones de pesos en 2026 solo por el control aduanero, sin una reforma fiscal integral. Señaló que esta medida afectaría a los operadores cumplidos, las pymes y sectores productivos, como las maquiladoras, que representan más del 60% de las exportaciones y generan cerca de 10 millones de empleos.
Castro Bello cuestionó los beneficios reales de endurecer el régimen sancionador, advirtiendo que podría ahuyentar inversión y encarecer la logística. También puso en duda la existencia de controles civiles y mecanismos de transparencia que garanticen un uso correcto del poder aduanero y cuestionó la responsabilidad solidaria impuesta a los agentes aduanales.
Finalmente, el diputado subrayó que México requiere una reforma aduanera que fortalezca la legalidad, la competitividad y la confianza, y no una medida que penalice y genere opacidad en el ecosistema exportador. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del PRI decidió no acompañar la propuesta presentada ante la comisión legislativa.
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