El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, adelantó el voto en contra de su bancada respecto a cualquier intento de dar retroactividad a la Ley de Amparo, al considerar que dicha medida vulneraría derechos humanos.
En entrevista con medios de comunicación, el legislador explicó que el debate se centra en la naturaleza de la norma. “Si a la Ley de Amparo se le da carácter procesal, podría aplicarse de manera retroactiva, pero en realidad es una garantía de los derechos humanos y, por lo tanto, debe ser considerada sustantiva”, sostuvo.
De acuerdo con Moreira, una aplicación retroactiva afectaría a más de 200 mil mexicanas y mexicanos que mantienen litigios fiscales con la Secretaría de Hacienda. “Esto pone sobre la mesa el interés del gobierno por obtener más recursos, cuando debería protegerse el debido proceso”, señaló.
El coordinador priista recordó que, tras la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos en México tienen un carácter progresivo, lo que impide retrocesos en su garantía. “No se vale dar para atrás. Tener un negocio no es delito; para eso existen los mecanismos legales que garantizan la defensa jurídica de las personas”, expresó.
Durante el encuentro con la prensa, el diputado también rechazó la propuesta legislativa que busca sancionar con cárcel la creación y difusión de memes, stickers, audios e imágenes generadas con inteligencia artificial, al considerarla un intento de limitar la crítica social. “Es inaceptable y propio de un gobierno dictatorial, porque busca callar las voces y cerrar la crítica”, declaró.
Añadió que los memes y caricaturas digitales forman parte de la libertad de expresión y representan una manifestación legítima del pensamiento ciudadano. “A veces una imagen pesa más que un discurso de 20 páginas”, afirmó.
Respecto al huachicol fiscal, Moreira recordó que el problema fue detectado desde 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y celebró que la Procuradora Fiscal haya reconocido el daño estimado en 600 mil millones de pesos. Sin embargo, advirtió que la reforma aduanera en discusión “es oportunista y pretende distraer la atención de la responsabilidad gubernamental”.
Finalmente, reiteró que el PRI se opondrá a las reformas que vulneren derechos fundamentales o que restrinjan la libertad de expresión, y subrayó la necesidad de que el gobierno federal atienda las observaciones de la ASF para resarcir el daño económico detectado en el contrabando fiscal de hidrocarburos.
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