El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Suárez Licona, aseguró que las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por el Senado, otorgan mayor poder al Estado frente a los ciudadanos. Durante una entrevista con medios de comunicación el 2 de octubre de 2025, el legislador destacó que estas modificaciones limitan la posibilidad de suspensiones provisionales y restringen la figura del interés legítimo.
Suárez Licona explicó que las suspensiones provisionales, que antes protegían a los ciudadanos de actos de autoridad que podían causarles daños irreparables, ya no estarán disponibles de manera automática. “Hoy eso ya no va a existir”, señaló, lo que a su juicio complica que las personas y comunidades, especialmente las más vulnerables, defiendan sus derechos ante la autoridad.
El diputado mencionó casos como comunidades indígenas, obras públicas y proyectos federales, donde el amparo previamente permitía proteger a los habitantes. “Hoy va a ser más complicado y eso prácticamente está haciendo nugatorio el derecho de defenderse a estas comunidades, a los más vulnerables”, indicó, refiriéndose a proyectos como el Tren Maya y temas relacionados con el acceso a medicinas.
Otro de los puntos que Suárez Licona consideró preocupantes es la retroactividad de la reforma, que, según dijo, carece de justificación y afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos. También se refirió al interés legítimo, que regula quién puede promover un amparo, y que a su juicio limita la protección legal de quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado.
Respecto a la aplicación de la reforma en delitos financieros, permisos y concesiones, el legislador indicó que el Estado podría actuar sin que los ciudadanos puedan recurrir a medidas suspensivas. Esto incluye sectores como agua, electricidad, carreteras y radiodifusión, donde el incumplimiento o la interrupción de servicios podría afectar directamente a la población.
Suárez Licona anunció que su bancada presentará alrededor de 30 reservas para modificar la reforma durante la discusión en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados. “Vamos a dar la batalla en el pleno, con argumentos, con razonamientos jurídicos y, sobre todo, defendiendo a la gente”, afirmó.
El diputado también vinculó estas reformas con el contexto económico del país, señalando que decisiones como la Ley de Amparo contribuyen a costos más altos de la deuda y limitaciones en el desarrollo de proyectos públicos, afectando directamente el crecimiento económico y la prestación de servicios esenciales.
Finalmente, resaltó que la reforma refleja un fortalecimiento del Estado frente a los ciudadanos, particularmente en áreas estratégicas de infraestructura y servicios, mientras que los más afectados serían los sectores más vulnerables de la población.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.