El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerrará varias oficinas y grupos de trabajo como parte de una reorganización estructural, según documentos internos obtenidos por Reuters. La medida, aprobada por la fiscal general Pam Bondi en septiembre, contempla la eliminación de aproximadamente 275 puestos, lo que implicará la reubicación o despido de 140 empleados.
Entre las unidades que serán desmanteladas se encuentran el grupo de acción contra la droga y el crimen organizado, creado en los años 80 durante la presidencia de Ronald Reagan, y el Servicio de Relaciones Comunitarias, que por seis décadas ha mediado en conflictos raciales y étnicos en el país. También se cerrará la Oficina de Acceso a la Justicia, encargada de facilitar el acceso a servicios legales para ciudadanos en situación vulnerable.
Objetivos y reacciones
De acuerdo con los documentos, el Departamento de Justicia señaló que los cambios buscan “promover la eficiencia y la gobernanza eficaz”. Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de legisladores demócratas y exfuncionarios del departamento, quienes advierten que la eliminación de estas oficinas podría afectar funciones esenciales.
La oficina de prensa del Departamento de Justicia no respondió a solicitudes de comentarios, en parte debido a la paralización parcial del gobierno.
Fusión de agencias no incluida
Los documentos no contemplan el plan previamente reportado en marzo para fusionar la Administración para el Control de Drogas (DEA) con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Esta propuesta enfrentó resistencia bipartidista en el Congreso, así como oposición de empleados de ambas agencias y de organizaciones dedicadas al control de armas.
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