El mayor fabricante mundial de autos eléctricos pospone su fábrica de 150 000 unidades anuales en México hasta que aclare el entorno regulatorio derivado de las decisiones del gobierno de Donald Trump.
La presidenta propuso facilitar el uso de tarjetas de Finabien para evitar el cobro de impuesto en EE.UU., ante la complejidad de reembolsar remesas enviadas en efectivo.
Luego de que EE.UU. señalara a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, la ABM aseguró que el sistema financiero nacional permanece sólido.
Diputados morenistas destacaron la aprobación de 4 nuevas leyes y reformas a 20 más en áreas clave como seguridad, desarrollo social y derechos humanos.
Human Rights Watch alertó que el plan fiscal impulsado por Donald Trump extendería recortes que benefician a las familias más ricas y reduciría el gasto en salud, afectando derechos humanos.
El cobro inicia en 5 dólares este julio y aumentará gradualmente hasta llegar a 21 dólares en 2030. Sectur busca fortalecer la industria y la economía local.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba del PAN alertó sobre los riesgos del cierre del Programa IMSS-Bienestar, que será incorporado al IMSS. No recibió presupuesto para 2025 y el uso de reservas podría perjudicar a los trabajadores. Advierte que esta medida puede causar despidos y saturación en servicios de salud.
La diputada Mónica Sandoval, del PRI, criticó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, argumentando que atenta contra la libertad de expresión y la seguridad de las mujeres. Denunció la falta de claridad en la regulación de contenido y la posibilidad de vigilancia, advirtiendo sobre el riesgo de una dictadura censora.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México con una inversión de 75 mil 786 millones de pesos. Este plan abarca infraestructura, educación, salud, movilidad y seguridad en diez municipios, buscando saldar una deuda histórica con áreas de alta pobreza urbana.
La presidenta aseguró que las recientes reformas no autorizan al Estado a vigilar a la población y que cualquier intervención requerirá aval judicial.