El Grupo Parlamentario del PAN, a través del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, advirtió sobre riesgos financieros y operativos derivados de la extinción del Programa IMSS-Bienestar y su incorporación al régimen ordinario del IMSS, medida anunciada mediante decreto presidencial el 1 de julio de 2025.
De acuerdo con un comunicado difundido por el legislador, el programa, antes conocido como IMSS-Coplamar, no recibió ninguna asignación presupuestal en el Presupuesto de Egresos 2025, pese a que en 2024 contaba con 21 mil millones de pesos. Para continuar operando, el Consejo Técnico del IMSS autorizó utilizar 10 mil millones de pesos de sus reservas, recurso que, según Ramírez Barba, proviene de las cuotas obrero-patronales destinadas a garantizar las prestaciones de los trabajadores con seguridad social.
El diputado del PAN aseguró que el uso de estos fondos constituye un desfalco al patrimonio de los trabajadores, ya que el dinero se destinará a cubrir los servicios de salud de 10 millones de personas sin seguridad social, con la promesa de que serán reintegrados en los próximos años. Sin embargo, señaló que no existe un calendario definido ni claridad sobre los montos que serán devueltos.
Según el comunicado, la transferencia implicará el traslado de 81 hospitales rurales en 19 estados, así como de 28 mil trabajadores, lo que podría generar afectaciones laborales como despidos, pérdida de antigüedad, reducción de prestaciones y cambios de adscripción. El legislador afirmó que en otras ocasiones estos procesos se han realizado con irregularidades que vulneran los derechos laborales.
Ramírez Barba destacó que esta medida requeriría la autorización formal del Consejo Técnico del IMSS, conformado por representantes de los trabajadores y patrones, por lo que, a su juicio, no puede ejecutarse por decreto presidencial. “La presidenta no tiene atribuciones para disponer de estos recursos”, subrayó.
El legislador también advirtió que los gobiernos estatales que no forman parte del organismo público IMSS-Bienestar tendrán que pagar compensaciones económicas cuando su población sea atendida en instalaciones del IMSS, lo que podría derivar en saturación y precarización de los servicios.
Por último, el comunicado indicó que la medida representa un reconocimiento tácito del fracaso del IMSS-Bienestar, creado en sustitución del INSABI. Según el diputado, esta decisión profundizará la fragmentación del sistema de salud, al generar distintas categorías de atención médica entre derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social.
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