La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, llamó a las y los expresidentes municipales de distintas administraciones a solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en relación con sus cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2018 a 2022.
El exhorto se emitió tras la presentación del reporte semestral sobre los informes individuales derivados de la fiscalización superior, donde la ASE identificó casos pendientes en los que exfuncionarios no han atendido los requerimientos de transparencia en el uso de recursos públicos.
García Chávez subrayó que no habrá distinciones partidistas ni concesiones políticas en el proceso de rendición de cuentas: “La rendición de cuentas es una alta responsabilidad que los y las expresidentas municipales no pueden delegar a sus asistentes, y conocemos de casos donde no han acudido a los llamados de la autoridad fiscalizadora”, advirtió.
La legisladora reconoció la disposición de la ASE para brindar oportunidades a los exalcaldes, pero recalcó que esta apertura no exime del cumplimiento de sus obligaciones: “No hay favores de ningún tipo para nadie”, sentenció.
Según lo indicado en el informe, los ejercicios fiscales revisados comprenden los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, y las observaciones incluyen posibles irregularidades administrativas y financieras que deberán ser aclaradas conforme al marco legal vigente.
La presidenta del órgano legislativo pidió atender con responsabilidad este último llamado por parte de la ASE, ya que se trata de una medida esencial para fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.
Aunque no se dieron a conocer nombres específicos, la advertencia está dirigida a todas y todos los ex ediles, independientemente de su filiación partidista o periodo de gestión.
La ASE continuará con los procedimientos establecidos en caso de que las y los exfuncionarios no atiendan las observaciones dentro de los plazos definidos, lo que podría derivar en acciones legales o sanciones administrativas.
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