La diputada local Ale Peña Curiel, del Congreso de Aguascalientes, presentó una iniciativa de reforma al artículo 178 F del Código Penal Estatal, con el objetivo de evitar la criminalización de la difusión informativa y salvaguardar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la entidad.
Durante la sesión del martes 29 de julio en el Congreso del Estado, Peña advirtió que la redacción vigente del artículo, que penaliza la “difusión de mensajes atribuidos a grupos criminales”, es ambigua y podría poner en riesgo a periodistas, ciudadanos, activistas y personas dedicadas a reportar hechos de interés público. “Informar no es delinquir”, afirmó.
Antecedentes y contexto legislativo
La reforma que ahora busca modificar fue aprobada previamente por mayoría del Grupo Parlamentario del PAN, pese a que la diputada advirtió en su momento sobre los riesgos de interpretación discrecional. Según Peña, la norma carece de claridad para distinguir entre la apología del delito y la difusión con fines legítimos, lo cual podría derivar en sanciones penales indebidas.
La propuesta plantea que se delimiten de forma precisa las conductas que realmente configuran apología del delito, y que se excluyan expresamente de sanción penal aquellas acciones que tengan fines informativos, periodísticos, académicos o de denuncia pública.
Protección a periodistas y ciudadanía
Peña Curiel, quien tiene experiencia previa en el ámbito periodístico, destacó que una ley redactada sin precisión puede derivar en censura o autocensura, afectando el derecho a la información y a la libre expresión. “La libertad de expresión no puede estar sujeta a interpretación”, subrayó.
La legisladora reiteró que su deber es garantizar que el marco legal del estado proteja los derechos humanos y evite que se usen figuras penales para inhibir el ejercicio libre del periodismo o el derecho de la ciudadanía a participar en la vida pública mediante la denuncia o el acceso a la información.
Con esta reforma, Ale Peña busca corregir lo que calificó como un riesgo estructural en la legislación actual y reafirma su compromiso con el periodismo libre y responsable, así como con la garantía de un entorno seguro para quienes difunden información de interés público.
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