La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados votó este jueves en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual pretende centralizar la ejecución de toda la infraestructura nacional en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Los legisladores priistas calificaron la medida como un «retroceso institucional» que pone en riesgo la transparencia y la calidad de los servicios públicos.
El coordinador de la bancada, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que la iniciativa impulsada por Morena carece de respaldo financiero, ya que no se autorizó presupuesto adicional para que la dependencia asuma nuevas funciones. Según el líder parlamentario, la reforma permite realizar licitaciones sin contar con suficiencia presupuestal, lo que derivaría en opacidad y posibles manejos discrecionales de los recursos públicos.
Riesgos técnicos y centralización
Por su parte, el diputado Miguel Alonso Reyes advirtió que ampliar las facultades de la SICT para construir infraestructura especializada, como hospitales o puertos, representa un peligro técnico. El legislador argumentó que la dependencia no cuenta con la experiencia ni el personal capacitado para ejecutar proyectos en sectores sensibles, lo que podría traducirse en fallas estructurales y dispendio de recursos, citando como antecedente los sobrecostos en obras como la Refinería de Dos Bocas.
La reforma al artículo 36 de la citada ley establece que la SICT podrá intervenir en cualquier proyecto de infraestructura del país. No obstante, los diputados de oposición señalaron que esta centralización generará lentitud administrativa y un «jineteo» de fondos que afectará directamente la capacidad de respuesta de los estados y municipios frente a sus necesidades locales de obra.
Crisis de inversión pública
Para la bancada priista, esta modificación legal responde a una «acción desesperada» ante lo que califican como una caída histórica en la inversión pública. Los legisladores señalaron que el Gobierno federal busca concentrar el control administrativo debido a la falta de liquidez, permitiendo que funcionarios sin trayectoria técnica gestionen contratos de gran escala bajo nuevas reglas de discrecionalidad.
Finalmente, el PRI advirtió que la aprobación de estas reglas en la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura provocará una falta de control en las auditorías. Los integrantes del grupo parlamentario reiteraron que mantendrán una postura crítica frente a lo que consideran un modelo de gestión que favorece la corrupción y la falta de rendición de cuentas en los proyectos estratégicos de la nación.
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