El gobierno de Estados Unidos ha triplicado el despliegue militar en la frontera sur, con 7 600 efectivos patrullando sectores clave como parte de una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para disuadir cruces irregulares y reforzar la seguridad nacional. Esta acción ocurre incluso cuando la tasa de detenciones ha caído a su nivel más bajo en 60 años.
Desde abril, se han designado zonas militarizadas a lo largo de amplios tramos fronterizos. Esta medida faculta al ejército a aprehender a migrantes dentro de instalaciones militares y permite la imposición de cargos penales adicionales. Según el general de división Scott Naumann, a cargo de la misión, “podemos enviar soldados cuando sea necesario […] incluso por días en áreas remotas”.
Coordinación civil-militar y expansión de recursos
Las tropas operan bajo normas militares que autorizan el uso de fuerza letal si son atacadas, y su labor incluye patrullajes con equipamiento de combate, colocación de alambre de cuchillas y vigilancia con drones. El centro de mando opera desde una base militar en el sur de Arizona, donde se coordinan acciones con la Patrulla Fronteriza, cuya plantilla será reforzada con 3 000 agentes más, con bonificaciones de 10 000 dólares.
Actualmente, el ejército cuenta con una flota de 117 vehículos blindados, más de 35 helicópteros y media docena de drones de largo alcance. En sectores como Nogales y el Monte Cristo Rey, las tropas detectan cruces mediante sensores térmicos y visores ópticos, apoyando a los agentes en detenciones en tiempo real.
Controversia legal y social por la militarización
El despliegue ha generado preocupaciones legales, al operar en una “zona gris” frente a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al ejército intervenir en funciones civiles de orden público. Especialistas jurídicos advierten que las nuevas facultades podrían desafiar esa legislación histórica.
Además, residentes de zonas rurales en Nuevo México han expresado inconformidad por restricciones de acceso a áreas recreativas ahora militarizadas. Las autoridades permiten el ingreso con verificación de antecedentes penales, pero la medida ha sido considerada un obstáculo por algunos sectores.
El uso del ejército en funciones de seguridad interna también remite a incidentes previos, como el caso de Esequiel Hernández, un joven ciudadano estadounidense muerto por una patrulla de marines en 1997, lo que llevó a la suspensión de despliegues militares en la frontera durante la administración Clinton.
Mientras tanto, las autoridades continúan con la construcción de nuevos tramos del muro fronterizo, incluidos puntos sensibles como un área religiosa en el Monte Cristo Rey, en El Paso, pese a la oposición de organizaciones civiles y religiosas.
Según Naumann, aunque las cifras de cruces han bajado, no se prevé una reducción del operativo militar, pues los flujos migratorios podrían repuntar tras el verano. “Tenemos que seguir adelante. […] La tendencia es positiva”, afirmó.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.